La medida, formalizada a través del Decreto 777/2025, extiende la vigencia del régimen creado en 2021 que posibilita a los trabajadores rurales mantener sus beneficios sociales al incorporarse al empleo registrado. La decisión responde a pedidos de sindicatos y productores.
El Gobierno nacional extendió por un año la vigencia del Decreto 514/2021, una norma que desde hace cuatro años permite a los trabajadores rurales conservar sus beneficios sociales mientras acceden a empleos formales. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 777/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
Según el texto oficial, la prórroga busca “asegurar el cumplimiento de los objetivos perseguidos” por la normativa original, consolidando los avances en inclusión laboral y formalización del empleo rural. El régimen beneficia actualmente a más de 120 mil trabajadores rurales registrados y a sus familias.
La medida da respuesta a un pedido formal presentado el pasado 22 de agosto por José Voytenco, secretario general de la UATRE y presidente del RENATRE, quien había solicitado su continuidad para “sostener los niveles de empleo formal alcanzados” en el sector.
El Decreto 514/21 fue promulgado durante la presidencia de Alberto Fernández con el objetivo de promover el trabajo registrado en el ámbito rural y ampliar la cobertura de la seguridad social para quienes desempeñan tareas temporales o estacionales. La norma buscó eliminar un obstáculo histórico: el temor de los trabajadores rurales a perder sus planes sociales al aceptar empleos registrados.
Entre sus disposiciones principales, el decreto garantiza que las asignaciones familiares de los trabajadores contratados bajo este esquema no sean inferiores al valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y permite mantener determinadas prestaciones sociales aun tras la registración laboral.
En 2023, la norma había sido prorrogada mediante el Decreto 423/23, pero ante el nuevo vencimiento y las gestiones de entidades sindicales y empresariales, el Ejecutivo resolvió una extensión adicional de doce meses.
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