Ante la escalada inflacionaria y la falta de respuestas oficiales, trabajadores del Indec actualizaron el cálculo del salario mínimo que debería ser de $1.869.924. En ese sentido, reclamanun aumento de emergencia del 117% para todos los estatales y la inmediata reapertura de paritarias. Denuncian una pérdida del 27% del poder adquisitivo y exigen medidas urgentes para evitar que los salarios sigan por debajo de la línea de pobreza.
Los trabajadores del sector público nacional renovaron sus reclamos salariales ante la grave pérdida del poder adquisitivo que afecta al conjunto del personal estatal. Según una actualización difundida por el colectivo de empleados de la Administración Pública Nacional (APN), la caída del poder de compra acumulada al mes de junio de 2025 alcanzó el 27% para los niveles más bajos de la escala, mientras que la inflación desde diciembre de 2023 hasta la fecha ya acumula un 214,5%.
En ese contexto, se exige un aumento de emergencia del 117% en una sola cuota, destinado a compensar la pérdida salarial desde diciembre de 2015 hasta junio de 2025. Además, el pedido incluye el pago de un bono mensual de $150.000 para todos los niveles y modalidades de contratación, sin distinción, y la reapertura urgente de las negociaciones paritarias, libres y sin techo.
Costo de vida y salarios estatales
De acuerdo con el relevamiento realizado por el sector, un trabajador o trabajadora necesitó en junio de 2025 $1.869.924 mensuales para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo (una pareja de 30 años con dos hijos en edad escolar). Esa cifra incluye una canasta alimentaria de $639.836 y otros bienes y servicios por un valor de $1.230.088.
Este valor supera ampliamente la canasta básica total que utiliza el INDEC como referencia para medir la pobreza, que se ubicó en $1.298.398 en el mismo mes.
A pesar de este escenario, los trabajadores del Estado nacional no han recibido nuevos incrementos salariales, ya que –según denuncian– el Gobierno no ha presentado ninguna propuesta en la mesa paritaria durante los últimos meses. En paralelo, los gastos en servicios esenciales continúan en aumento: los servicios públicos en el AMBA subieron un 10,2% en junio, y las cuotas de medicina prepaga aumentaron hasta un 2,8% ese mismo mes.
El comunicado también destaca la vulnerabilidad de los trabajadores contratados bajo modalidad monotributista, quienes además de sufrir la pérdida de poder adquisitivo general, no perciben aguinaldo, presentismo ni otros beneficios. En muchos casos, los paliativos otorgados por el gobierno –como sumas fijas extraordinarias– resultan exiguos frente al nivel de inflación y al alza sostenida del costo de vida.
Demandas concretas
Entre los puntos centrales del reclamo, los trabajadores del Estado exigen:
- Aumento de emergencia del 117% en una sola cuota.
- Reapertura inmediata de la mesa paritaria.
- Pago mensual de un bono de $150.000 para todos los trabajadores y trabajadoras.
- Pase a planta permanente sin pérdida salarial.
- Reincorporación de despedidos y no más cesantías en el Estado.
- Ningún salario por debajo de la línea de pobreza, ni para trabajadores ni jubilados.
«No hay margen para más pérdida salarial«, advierten en el documento, en el que también rechazan que los estatales sean «la variable de ajuste» de las políticas económicas actuales.
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