Los trabajadores de tabacalera Sarandí acusaron al Estado argentino ante la Corte Interamericana por violar sus derechos humanos. Señalan que al imponer un sistema tributario que reserva el «mercado a las grandes tabacaleras multinacionales», los deja sin empleo.
Casi 300 trabajadores de la pyme Tabacalera Sarandí S.A. presentaron una denuncia contra el Estado, en función de hechos que —según se desprende de los términos de la presentación— resultan constitutivos de diversas violaciones a los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador.
Según los trabajadores los delitos son: acceso a la justicia, derecho al recurso, derecho al trabajo y ejercer industria lícita, derecho a la propiedad, principio de igualdad y no discriminación.
En concreto, la denuncia expone «la existencia de un nuevo sistema normativo que establece una ecuación tributaria, que resulta inequitativa y desproporcionada para las empresas que previo a la promulgación de la ley de impuesto mínimo (llamada ley Massalin) practicaban precios inferiores al monopolio del tabaco».
«Esto generaría un claro beneficio a los elaboradores de producto de mayor precio, reservando mercado a las grandes tabacaleras multinacionales. La situación expuesta somete a las pequeñas tabacaleras locales a una carga tributaria que impone que, de cumplir con la ley, se llegará a un irremediable estado de cesación de pagos que impedirá a la continuidad de las actividades y que privará a cientos de personas de empleo y el sustento para sus familias. De allí que los trabajadores directamente hayan tomado la iniciativa para la formulación de la denuncia ante el organismo internacional», afirman.
Del mismo modo, en la denuncia también se expone que «paradójicamente, el nuevo sistema perjudica también al Estado, no solo al generar un contribuyente menos de quien puede hacerse de ingresos para acrecentar las arcas del Estado por la recaudación impositiva, sino que también y, en definitiva, reduciendo a la pobreza a todos los trabajadores involucrados».
La presentación realizada busca que la Comisión someta el caso a la Corte IDH, a fin de que eventualmente condene al Estado por las violaciones denunciadas y, a modo de reparación el Estado deje sin efecto la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en virtud del precedente en este sentido «Fontevecchia»).
Adicionalmente inste al Estado para que adopte las medidas necesarias para modificar la normativa vigente en materia tributaria (en función del precedente «Kimel») situación procesal que les permitiría a los trabajadores asegurar la continuidad de sus fuentes de trabajo.
Maximiliano Rusconi, profesional que acompaña la presentación, sostuvo que «…la denuncia ya fue recibida por la Comisión y, como consecuencia de ello, se generaron dos trámites ante el mencionado organismo; uno por la cuestión de fondo planteada y, el otro, por la medida cautelar que se solicitó. La situación de los trabajadores es verdaderamente desesperante, genera mucha angustia y dolor no solo en ellos, sino también en sus familias a causa de la violación de diversas garantías constitucionales generadas por la sanción de una reforma tributaria realizada ‘a medida’ de las Grandes Tabacaleras para obtener aún mayores beneficios, y perjudicar a la competencia, las pequeñas tabacaleras locales».