Todo depende de las elecciones de octubre: Milei posterga el tratamiento de la reforma laboral para fin de año

Pese a los anuncios y los primeros movimientos legislativos, el Gobierno posterga el tratamiento de la reforma laboral para después del recambio parlamentario. El oficialismo apuesta a mejorar su representación en octubre y mantener, por ahora, la paz con los gremios. El resultado de estas elecciones de medio términos serán determinantes para el futuro de la gestión de La Libertad Avanza.

A casi un año de haber asumido, el presidente Javier Milei continúa posponiendo la reforma laboral que prometió como uno de los pilares de su proyecto de “modernización del Estado”. Aunque ya se avanzaron algunas modificaciones dentro de la Ley Bases y mediante decretos, algunos truncos en la Justicia, la reforma de fondo quedará, como mínimo, para después del 10 de diciembre, cuando se renueve la composición del Congreso.

La semana pasada debutó el Consejo de Mayo, una mesa que busca canalizar los compromisos firmados en el Pacto de Mayo, incluyendo las reformas laboral, impositiva y previsional. Sin embargo, desde el propio oficialismo reconocen que no hay condiciones políticas para avanzar ahora. “No es una batalla que queramos dar ahora”, señalaron desde el entorno presidencial.

El motivo de la demora es político: con una representación parlamentaria limitada y una oposición consolidada, el Gobierno considera que cualquier intento de reforma estructural de leyes laborales fracasaría. Por eso, Milei y su equipo confían en mejorar su peso legislativo en las elecciones de octubre antes de presentar un nuevo paquete de medidas.

Mientras tanto, se mantiene una especie de pacto de no agresión con los gremios. Pese a las críticas del presidente a la “casta sindical”, el Gobierno evita confrontaciones abiertas con las centrales obreras. El caso más evidente fue la postergación del proyecto que buscaba limitar la reelección indefinida de los dirigentes sindicales, una propuesta que quedó congelada en el Congreso.

Desde la CGT, la postura es clara. El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, advirtió que cualquier reforma debe respetar los derechos laborales: “No hay lugar para reducir los derechos de los trabajadores. La idea es generar un pacto productivo”, afirmó entonces.

La Ley Bases aprobada a mediados de 2024 incluyó algunos elementos de supuesta “modernización laboral”, que se tradujo en retroceso de derechos. Entre ellos, la creación de fondos de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, la ampliación del período de prueba, la legalización de nuevos formatos de trabajo independiente y beneficios para la registración de trabajadores no declarados.

Más allá del debate legal, los números de empleo muestran que ni la ley ni los decretos han tenido impacto significativo en la creación de empleo registrado. Según el economista Luis Campos, la tasa de empleo aumentó por el crecimiento del trabajo informal, no del empleo registrado. Federico Pastrana, por su parte, advirtió que la tasa de desempleo alcanzó su pico en cuatro años y que la economía creció sin generar más empleo formal.