
Trabajadores y referentes de diversos sectores sociales, sindicales y políticos se movilizan este lunes frente al INTI para rechazar el decreto del Gobierno que busca modificar la estructura y autonomía de organismos clave como el INTI, INTA, INASE e INAFCI, entre otros. Denuncian un intento de desmantelar el Estado y atentar contra la soberanía productiva del país.
Diversos sectores políticos, sindicales y sociales se manifiestan este lunes frente a la sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para expresar su rechazo al decreto impulsado por el Gobierno que propone una profunda reestructuración de organismos clave para la ciencia, la producción y la tecnología en Argentina.
El decreto, aún sin publicación oficial, implicaría la pérdida de autonomía y autarquía de instituciones como el INTI y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los cuales pasarían a estar bajo la órbita directa del Ministerio de Economía. Además, contempla la eliminación total de entidades como el Instituto Nacional de la Semilla (INASE), el ARICCAME (Cannabis Medicinal) y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar (INAFCI).
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su Secretario General Rodolfo Aguiar, calificó la iniciativa como “el golpe final, un tiro de gracia a la industria y la producción del país”. En declaraciones a la prensa, Aguiar advirtió que “si se avanza con esta centralización, se pondrá en riesgo la soberanía, la capacidad de gestión de recursos y se desarticularán líneas de trabajo consolidadas a nivel federal”.
ATE anunció medidas de acción directa y una presentación judicial contra lo que considera una vulneración de las leyes vigentes, recordando que el INTI fue creado por una ley del Congreso Nacional, por lo que cualquier modificación de su estatus debería pasar por el mismo poder legislativo.
La Asamblea Multisectorial, convocante de la movilización, llamó a “unir las luchas” en defensa del Estado, la ciencia y la tecnología, y alertó que el decreto representa una amenaza directa a puestos de trabajo, al desarrollo productivo nacional y al bienestar de la comunidad.
Según trascendidos, el Ejecutivo también planea cambios en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), generando un amplio rechazo por parte de empresas, sindicatos y organizaciones del sector científico-tecnológico.
