Se perdieron 20.000 puestos de trabajo en los call centers

Desde 2007 la industria de los «contact centers» en Argentina empezó a desinflarse. El atraso cambiario, las fuertes presiones tributarias, la falta de un encuadre gremial para los empleados se conjugaron para que de los 70.000 puestos de trabajo que el sector representaba hace 10 años, se llegara con 50.000 a la actualidad.

En la provincia de Córdoba se pasó de 30.000 trabajadores a unos 20.000 en el mismo lapso de tiempo. Con todo, Córdoba tiene el 40% de la torta nacional seguida por plazas como Tucumán, Chaco, Mendoza o Santa Fe que ostentan entre el 15% y el 11% de la fuerza laboral del sector.

La Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC) es presidida por el cordobés Marcelo Bechara y esa entidad está trabajando en un doble eje: con un relevamiento para conocer la realidad del sector a nivel nacional y bosquejando un Acuerdo de Competitividad para poder levantar al sector.

El relevamiento destaca, que los casi 20.000 empleos que se perdieron (el 51% en Córdoba) equivalen a la nómina completa de empleados de tres terminales automotrices.

También se detalla que la remuneración bruta para un trabajador cuya jornada es de 36 horas semanales es de $15.917,35 a julio de 2017. Y comparten algunos datos demográficos: de los 50.000 empleados el 37% es mujer, el 34% es jefe de familia, para el 66% se trata del primer empleo registrado.

La pérdida de competitividad, la baja de puestos por importación de servicios y la sustitución de empleo de automatización de procesos son las tres grandes amenazas que rodean a la actividad.

Se trata de una actividad que dio vuelta su balanza comercial en el peor de los sentidos: «Pasamos de exportar el 38% de nuestros servicios, en el año 2007 a una realidad muy distinta. Ahora exportamos menos del 1% y habida cuenta de que países vecinos han generado condiciones muy competitivas se están importando servicios», contó Bechara.

En Córdoba el sector logró homologar un convenio colectivo específico de la actividad lo que, dicen los empresarios, habría ayudado a bajar la alta judicialización que tenía el sector producto de estar en una zona gris que tenía respecto de las incumbencias gremiales.