El gobierno de Río Negro destinará más de 3.500 millones de pesos a la única productora de carbonato de sodio de Sudamérica para evitar despidos y garantizar la continuidad operativa. El gremio químico SPIQYP permanece en alerta mientras se negocian pagos salariales y retiros voluntarios.
El gobierno de Río Negro otorgará una asistencia económica mensual de aproximadamente 617 mil dólares a la empresa Alcalis de la Patagonia (Alpat), con el objetivo de garantizar la continuidad de su planta en San Antonio Oeste. El respaldo financiero, que se extenderá durante cinco meses, busca sostener el acuerdo de “paz social” con los sindicatos, evitando despidos y paralización de tareas gremiales.
La secretaria de Trabajo provincial, Martha Avilez, encabezó este lunes audiencias virtuales con representantes de la empresa y de los gremios para avanzar en la formalización del acuerdo. Sin embargo, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQYP), que representa a la mayoría de los trabajadores, se mantiene en estado de alerta. El gremio espera precisiones sobre el pago de sueldos —que hoy se realiza en cuotas semanales— y una posible actualización salarial.
Según lo estipulado, los salarios deberán abonarse entre el 4 y el 20 de cada mes. No obstante, desde la empresa aclararon que no podrán garantizar fechas más acotadas hasta que el gobierno provincial confirme el cronograma de transferencias. La administración rionegrina ratificó el compromiso y detalló que el Ministerio de Hacienda ya tramita la asignación de los fondos. El primer desembolso está previsto para mediados de junio.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Fabián Gatti, había anticipado la puesta en marcha de un “programa de acompañamiento” para empresas en crisis. En ese marco, mencionó el caso de Alpat y explicó que la asistencia se financiará con fondos provenientes de la renegociación petrolera, autorizada por una ley provincial que permite la intervención estatal en contextos de emergencia social y económica.
Alpat, única productora de carbonato de sodio de Sudamérica, atraviesa un proceso crítico desde marzo, cuando presentó ante la Secretaría de Trabajo un plan de crisis debido a la caída en ventas y al aumento del costo del gas. La empresa puso en marcha un plan de retiros voluntarios para reducir cerca de 100 puestos de trabajo —alrededor del 20% del plantel—, pero la adhesión fue baja. El plazo de aceptación, que vencía esta semana, fue extendido tres semanas más.
La situación llegó al Congreso. La senadora nacional Silvina García Larraburu presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo un informe sobre el estado financiero de Alpat. “La incertidumbre de los trabajadores de Alpat, en un contexto donde el sector industrial parece perder terreno, hace necesario que el Estado enfrente el problema, defienda la producción nacional y proteja el trabajo de los argentinos”, expresó. También pidió saber si el Gobierno Nacional prevé alguna forma de ayuda para la compañía y qué acciones adoptará frente al vencimiento del acuerdo laboral.
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