Reforma laboral y juventudes

(Por Fundación SES*) El debate sobre la reforma laboral está en el centro de la agenda pública en la Argentina. De aprobarse, ¿cómo afectaría esta reforma a las juventudes? En esta nota producida por Fundación SES, se reúnen voces de referentes de organizaciones y espacios de investigación que vienen articulando esfuerzos para enfrentar una reforma que quita derechos y, al mismo tiempo, para poner en discusión alternativas que garanticen protección, registración y futuro para el trabajo joven.

Uno de los hilos que más rápidamente conecta las distintas intervenciones es el tiempo de trabajo: no como un aspecto “técnico”, sino como la condición material que define si es posible estudiar, cuidar, descansar, organizar la vida y proyectar autonomía. Desde ese ángulo, Juan Pablo Costa, sociólogo especializado en economía, analista de CEPA y docente, advierte que la reforma habilita medidas que “reducen no solo derechos” sino también “la forma en la que los trabajadores pueden disponer de su tiempo”, y pone ejemplos concretos: el fraccionamiento de vacaciones y, sobre todo, el banco de horas, que vuelve más imprevisible la jornada, porque permite concentrar muchas horas de trabajo según las necesidades de la empresa y compensar después, también según esos criterios. En su lectura, el punto crítico es que se presenta como “acordable”, pero en una relación desigual la negociación individual suele traducirse en imposición: el resultado es menos autonomía y más dificultad para sostener estudio, cuidados y vida cotidiana.

Sobre esa misma cuestión del tiempo, pero desde el terreno de la economía política del trabajo juvenil, Juan M. Graña, economista y miembro de Grupo Paternal, propone discutir los “mitos” con los que se publicita la reforma, especialmente el de la “flexibilidad horaria” y la idea de “ser tu propio jefe”, un discurso que —señala— interpela con fuerza a los jóvenes. Para Graña, esa flexibilidad suele esconder una realidad menos glamorosa: en muchos trabajos de plataformas, si una jornada “normal” no alcanza por tarifas bajas, la “ventaja” es la posibilidad de trabajar muchísimo más para llegar a fin de mes. De ahí que invierta el razonamiento: el eje no debería ser habilitar a que la gente trabaje más horas, sino lograr que “la tarifa, el salario que te pagan en una jornada reducida te tiene que alcanzar” y que “la discusión no es tanto ‘dejame trabajar más’, sino ‘trabajemos menos y cobremos más’”.

Graña suma además un segundo núcleo: el corrimiento de responsabilidades y riesgos hacia el trabajador bajo formatos “autónomos” o monotributistas. Sostiene que los regímenes laborales modernos, históricamente, buscaron que el trabajador aporte su trabajo y que los riesgos (accidentes, ciclo económico, costos de herramientas o vehículo) queden del lado de la empresa que concentra beneficios; en cambio, en estos esquemas “autónomos disfrazados” ocurre lo contrario: el trabajador pasa a hacerse cargo de riesgos por los que no se le paga adicionalmente. En su argumento aparecen ejemplos del mundo plataforma: tarifas que caen por sobreoferta de mano de obra, accidentes y reparaciones trasladadas al repartidor o conductor.

Cuando pasa del diagnóstico a las propuestas, el economista plantea una idea que atraviesa la discusión “juventudes y empleo”: mecanismos de transición. Señala que, en todo el mundo, la búsqueda del primer empleo (18–25) suele tener más dificultades por falta de experiencia y currículum, y que suelen funcionar esquemas donde la contratación de jóvenes se acompaña con reducciones y contribuciones progresivas durante un tiempo, para que la persona gane antigüedad, experiencia y redes, y luego se incorpore plenamente al régimen general. Y, para el caso plataforma, propone reconocer la dependencia económica respecto de la empresa (tarifa, reglas y acceso al trabajo), diseñar un estatuto que contemple tanto a quienes trabajan pocas horas como a quienes lo hacen a tiempo completo, y asegurar un piso de tarifa “negociado colectivamente”, porque —explica— el empleo se vuelve procíclico: cuando la economía cae, más gente entra, la tarifa baja y se vuelve difícil “planificar la vida familiar” y el presupuesto.

La dimensión estructural del problema aparece con claridad cuando toma la palabra Candelaria Rueda, socióloga e investigadora del Instituto Argentina Grande, que trabaja con indicadores sobre empleo desprotegido y sus efectos en jóvenes. Rueda parte de un dato fuerte: según el indicador elaborado por su equipo, el 57% de los jóvenes tiene un trabajo desprotegido, “20 puntos arriba” de la tasa adulta; y eso configura una normalidad generacional: empleo “sin aportes, sin estabilidad y sin posibilidad de crecimiento profesional”. En ese contexto, sostiene que una reforma flexibilizadora no reduce la precariedad: la consolida, validando el monotributo como contratación, ampliando períodos de prueba y habilitando reducción de horas sin previsibilidad; y subraya un efecto directo sobre la vida juvenil: esa incertidumbre vuelve “absolutamente incompatible” planificar estudios y vida social.

Rueda también discute una operación discursiva frecuente: vender que, como la juventud demanda algo más de autonomía, entonces “solo quieren trabajar en aplicaciones” y que “el Estado no se meta”. Lo llama una construcción falseada y cuenta una evidencia cualitativa reciente: en un encuentro con 100 jóvenes en la UNSAM, la mayoría respondió que lo que más valoraba de un trabajo era la estabilidad y la posibilidad de crecimiento. Su argumento, así, no niega que haya búsquedas de flexibilidad: cuestiona que esa demanda se utilice para justificar un marco de menor protección.

A su vez, al pensar “líneas rojas”, Rueda agrega un ángulo que dialoga con el futuro del trabajo: advierte que la reforma que se presenta como “modernización” evita deliberadamente capítulos sobre lo que viene —inteligencia artificial, reconversión, profesionalización— y en particular sobre el trabajo en plataformas, donde el “empleador” puede operar como algoritmo. Para ella, el problema no es solo lo que se recorta, sino la ausencia de una orientación constructiva que rompa con la precarización ya alta que atraviesa a las juventudes.

En esa discusión sobre modernización y futuro del trabajo interviene Lucía Cirmi, economista con trabajo en mercado laboral, desigualdad de género y cuidados. Su punto de partida es que la tecnología debería ponerse al servicio de una vida digna “y no acelerada”, y que hoy falta, por ejemplo, auditoría de los algoritmos de plataformas. Pero su argumento va más allá: sostiene que, si el Estado tiene voluntad, la digitalización puede ayudar a llegar a unidades productivas pequeñas e informales —hoy más visibles por el comercio online— para acompañar formalización y asegurar protección social; y, sin embargo, observa que la reforma avanza en sentido inverso, porque incorpora la referencia a plataformas para afirmar que quienes prestan servicios allí “no son trabajadores”, cancelando la posibilidad de reconocer esa actividad como fuente de derechos.

Cirmi insiste en una clave conceptual: lo “moderno” sería reconocer la asimetría de poder en las relaciones laborales y construir protección a partir de esa desigualdad —no borrarla. Y vuelve, otra vez, al eje del tiempo, conectándolo con género: recuerda que la ley laboral fue pensada en masculino, como si la jornada típica fuera la de un varón sin responsabilidades de cuidado; de ahí que la reforma, sin un “manto de protección” y sin reconocer la asimetría empleador–trabajador, termina dejando a los trabajadores en desventaja, y vuelve particularmente vulnerables a quienes además sostienen tareas de cuidado.

Finalmente, para encuadrar el problema desde la perspectiva juvenil en sentido estricto, aparece Yosleidi Mendoza, coordinadora del área de Producción de Conocimiento basado en evidencias en Fundación SES, con trabajo en diagnóstico de empleo joven y participación juvenil en debates públicos. Mendoza plantea que el trabajo joven vuelve al centro del debate “porque, en un contexto de reforma laboral, hay riesgos concretos de retroceder en derechos fundamentales”, y propone una advertencia metodológica: la discusión no puede partir de una “normalidad” inexistente, porque el punto de partida juvenil es crítico. Cita dos datos que condensan esa fragilidad: desempleo juvenil de 19,2% e informalidad de 63%. Y marca un sesgo habitual: poner el foco solo en desocupación hace perder de vista cuánto la informalidad ordena —y deteriora— trayectorias. Desde ahí, propone una vara clara para evaluar cualquier reforma: si “amplía protección y registración” o si consolida la precarización que ya estructura la experiencia laboral juvenil.

Leídas en conjunto, las intervenciones no “superponen” diagnósticos: se encadenan. El tiempo de trabajo aparece como la puerta de entrada para entender por qué una reforma que flexibiliza puede significar menos autonomía real (Costa), cómo la “flexibilidad” puede operar como argumento de venta que oculta salarios insuficientes y traslado de riesgos (Graña), por qué la precariedad no es excepción sino normalidad estadística para gran parte de la juventud (Rueda), y cómo una modernización verdadera exigiría reconocer asimetrías, regular plataformas y rediseñar el uso social del tiempo incluyendo cuidados (Cirmi). En ese marco, la mirada de SES (Mendoza) coloca el piso del debate: cuando la informalidad y el desempleo ya son tan altos, discutir reforma laboral sin una estrategia explícita de protección y registración no abre futuro para las juventudes, sino que corre el riesgo de cristalizar la precariedad como destino.

* Organización de la Sociedad Civil que desde 1999 trabaja en Argentina y América Latina por la promoción y restitución de derechos de las adolescencias y juventudes.