Con un fallo que vulnera el derecho de huelga y es un antecedente peligroso para todas las organizaciones sindicales y sus trabajadores representados, Editorial Perfil se anotó un nuevo hito en su política de persecución gremial en la firma.
Sucede que aunque en noviembre del año pasado se había resuelto la falta de mérito, en un giro sorpresivo en la causa y sin pruebas que lo ameriten, el juez Bruniard resolvió hacer lugar al dictamen del fiscal Anselmo Palmiro, a cargo de la Fiscalía Nº 8 en lo Correccional.
El juez resolvió la libertad provisional y un embargo sobre los bienes de los delegados de 175.000 pesos.
«El intento de sancionar penalmente a los delegados gremiales aplicándoles el artículo 161 del Código Penal -que establece de uno a seis meses de prisión- es un claro ataque a la Comisión Gremial Interna y a la organización colectiva de los trabajadores», señalaron desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA).
«La persecución gremial ejercida por Jorge Fontevecchia tiene como objetivo eliminar las garantías que hacen a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores de la Editorial», agregaron en un comunicado desde el gremio.
No es un dato menor que los despidos que motivaron la medida de fuerza judicializada se produjeron el día de elección de delegados y entre los despedidos se encontraban integrantes de la Junta Electoral encargada de fiscalizar los comicios.
«Perfil intenta castigar a los trabajadores, en su Comisión Gremial Interna, por defender solidariamente a compañeros despedidos imponiendo el terror y la judicialización de los reclamos gremiales», agregaron.
Y concluyeron: «La empresa de Fontevecchia busca transformarse en un multimedios sobre la base de la flexibilización y precarización laboral, y para eso es menester borrar todo vestigio de organización gremial».
Esta acción penal se da en el marco del nacimiento del SIPREBA y de ataques patronales contra los trabajadores de prensa en su conjunto.