Piden la intervención del SOMU y la separación de Suarez

Para justificar el pedido, el grupo de dirigentes echados por el histórico mandamás del gremio expuso en su presentación judicial «la extensa investigación que se lleva a cabo en la causa (26 hechos)» y que, estando todavía en el poder, Suárez «podría utilizar todos los resortes a su disposición para ocultar pruebas o fabricar situaciones que puedan resultar contrarias a los intereses de los afiliados». Por eso -concluyen los trabajadores, entre los cuales se encuentra el disidente Alejandro Giorgi- «correspondería su expulsión».

El gremialista, que maneja el SOMU desde 1989, fue procesado por el Juez Rodolfo Canicoba Corral por entorpecimiento del transporte por agua en medio de un supuesto conflicto gremial. El juez, ante el que se hizo el último pedido de apartamiento de Suárez, también resolvió un embargo de sus bienes con valor de cinco millones de pesos.

Desde entonces, Suárez se encuentra a la espera de un juicio oral y público. Las acusaciones de parte de sus opositores en el gremio incluyen extorsiones, desvíos de fondos, estafa al SOMU y Obra Social, Holding de empresas montado a través del gremio marítimo, robo al Estado, falsificación de firmas del Secretariado, Congresos de delegados fraudulentos y falsificación de Actas, agresiones y expulsiones, entre otros delitos.

«Las maniobras defraudatorias y de enriquecimiento ilícito, utilizando su condición de Secretario General del gremio, muestran a las claras, la necesidad de intervenir el Gremio, Obra Social y Fundación Azul, como salvaguarda de los intereses de los afiliados», plantea el escrito al que tuvo acceso Info Gremiales.

Ante ese panorama, los gremialistas echados por «Caballo» Suárez, reclaman que se cumpla el estatuto del SOMU y que el veterano sindicalista sea «separando de sus funciones, junto a los miembros de la Comisión Directiva».

Lejos de compartir ese criterio, Suárez pretende ser reelecto al frente de su gremio en los comicios del próximo 19 de octubre. Resta saber cuál es la decisión del juez Canicoba Corral.