Modernización filtrará la contratación de estatales

En la jornada de ayer el gobierno nacional resolvió que el ministerio de Modernización será el que dará el veredicto final sobre las futuras incorporaciones y la continuidad laboral de los empleados públicos contratados. La decisión de la gestión de Cambiemos se produce en medio de los numerosos conflictos que mantiene con los gremios estatales, que protestan contra las miles de cesantías de personal.

La norma fue comunicada en el Boletín Oficial de ayer a través del decreto 227/2016 y establece en su artículo cuarto que «las contrataciones efectuadas» en el marco de la Ley de Regulación del Empleo Público Nacional «requerirán la previa intervención del Ministerio de Modernización».

La mayor cuota de poder con la que contará el ministro Andrés Ibarra no incluye a las designaciones del personal «estable» del Estado, como los planta permanente y transitoria, así como los cargos extraescalafonarios en rango y jerarquía inferior a Subsecretario. En todos estos casos, los nombramientos pasarán por la firma final de la Jefatura de Gabinete, con excepción de aquellas incorporaciones que se efectúen en jurisdicciones y unidades organizativas dependientes de la Presidencia de la Nación y organismos descentralizados.

Actualmente, la cartera de Ibarra comanda la revisión de los contratos de 24 mil empleados que se sumaron en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner para, según anunció en diciembre pasado, determinar su continuidad o no en la órbita estatal.

La misma normativa alcanza a las contrataciones «para proyectos o programas de cooperación técnica con financiamiento bilateral o multilateral, nacional e internacional, comprendiéndose entre estos últimos los que tramiten por acuerdo entre cada jurisdicción o entidad y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y los contratos de locación de obra intelectual prestados a título personal».

«Lo establecido en el párrafo precedente será de aplicación a aquellos supuestos de renovaciones o prórrogas de contratos en los cuales se modifique la equiparación retributiva al máximo nivel o categoría escalafonaria», sostiene el texto.

Además, en su artículo 6 la norma advierte además que toda contratación, renovación de contratos o prórrogas deberá ser comunicada al ministerio de Modernización dentro de los cinco días posteriores a efectuadas, y el incumplimiento de esa comunicación «producirá la afectación del nivel de créditos pertinentes de la respectiva jurisdicción o entidad».

La nueva prerrogativa del Ministerio de Modernización alcanza a las modalidades de contratación que se conocen en la jerga sindical como «personal precarizado». Se trata de regímenes de empleo que, bajo una fachada legal, ocultan una relación de dependencia que se extiende por años y que no garantizan derechos laborales básicos, como aguinaldo, estabilidad, y aportes previsionales, entre otros.

La continuidad o rescisión de los trabajadores estatales «precarizados» se convirtió en una pelea central durante el primer mes de gestión de Mauricio Macri y en el primer factor de cortocircuito sindical. Es que en múltiples dependencias del Estado, el Gobierno impulsó la cancelación o no renovación de miles de empleados «contratados» con el argumento de que se trataba de «ñoquis» y «militantes».

Desde la vereda de enfrente, los gremios denunciaron que el macrismo justifica los despidos una campaña de estigmatización con el objetivo de impulsar «un ajuste» del empleo público. La CTA calcula que ya hubo más de 15 mil de trabajadores del estado que fueron cesanteados, si se incluyen los agentes provinciales y municipales despedidos.

En esa pulseada entre los sindicatos estatales y el macrismo es que se inscribe la nueva normativa y que cuenta con la firma de la vicepresidenta en ejercicio del Poder Ejecutivo, Gabriela Michetti, a raíz del viaje de Mauricio Macri al Foro de Davos. Según los considerandos del decreto, la intención es «simplificar los circuitos de intervención en lo que respecta a la autoridad competente para efectuar los nombramientos del personal de la administración pública» y «optimizar y coordinar los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros con que cuenta» el Ministerio de Modernización.