Se trata de la Obra Social del Personal Ladrillero intervenida desde agosto. Presentaron una denuncia penal contra la conducción del sindicato que relata transferencias por más de 32 millones de pesos sin respaldo, la compra de equipamiento que no pudo ser ubicado y la presencia de una máquina de contar billetes cuando todas las transacciones están bancarizadas. Además, pagaban 71 sueldos cuando en la institución trabajaban 18 personas. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal y es por defraudación y asociación ilícita.
Con fecha del 6 de noviembre se presentó una explosiva denuncia penal respecto de los manejos de la Obra Social del Personal Ladrillero. La institución está intervenida desde agosto de este año y su normalizador, Jorge Alonso, recibió un pasivo prestacional registrado por la propia Superintendencia de Servicios de Salud que asciende a los 1.104 millones de pesos.
Ahora, la presentación judicial promovida por el propio Alonso, detalla que la situación existente no se había producido por el costo de los servicios médicos prestados, sino por un «accionar sistemático de afrontar gastos ajenos al servicio propio del servicio de salud, realizados en beneficio personal de los miembros de la Comisión Directiva».
La denuncia penal, en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py, es por el presunto delito de defraudación y asociación ilícita y apunto contra el Presidente del La Obra Social, Luis Caceres, contra los miembros de la Comisión Directiva y contra todos aquellos que hubieren participado en la comisión de los presuntos ilícitos detectados.
Entre las irregularidades detalladas en la presentación, a la que accedió InfoGremiales, se detallan transferencias de fondos sin respaldo documental por más de 32 millones de pesos, la existencia de 11 vehículos de la Obra Social para uso de los dirigentes de los cuales sólo se devolvió 1 al momento y la detección del pago de medicamentos, sin compulsa, por valores que superaban hasta en un 43% su precio de mercado.
Además, el trabajo realizado por Alonso, encontró que se pagaban 71 sueldos de supuestos empleados, con viáticos y gastos (sin rendición), en una obra social en la que trabajan sólo 18 personas.
También se detectaron contratos con gerenciadoras por sumas exorbitantes, las cuales cuando fueron citadas se avinieron a reducir sus pretensiones en un 25% en forma inmediata, lo cual fue tomado por la intervención como un indicio del pago de supuestos retornos.
En lo que tiene que ver con las compras, se detectaron 50 aparatos de telefonía celular con sus líneas abonados por la Obra Social y utilizados por personal del sindicato. Adicionalmente se encontraron papeles que explicaron la compra de heladeras, televisores y equipos de audio que no están en las instalaciones de la obra social.
Por último, y como caso curioso, la intervención encontró la existencia de una maquina de contar billetes en la sede, aunque no su factura de compra, siendo que la obra social tiene todas sus transacciones bancarizadas.