Las prostitutas no son trabajadoras sexuales

La Sala I de la Cámara de Apelaciones rechazó una apelación interpuesto por tres meretrices y la legisladora porteña María Rachid contra una sentencia de primera instancia en la cual se rechazó el recurso de amparo para obtener el reconocimiento y protección judicial de los derechos de las personas que ejercen la prostitución como trabajo sexual autónomo.

De esta forma pretendían levantar la clausura de la vivienda donde realizan esas actividades que había ejecutado el gobierno de la Ciudad y se les permitiera ejercer allí la actividad de «trabajo sexual».

El fallo de los camaristas Mariana Díaz y Fernando Juan Lima resolvieron que no se había percibido una conducta estatal «manifiestamente ilegítima y lesiva a los derechos constitucionales» y detalló que asignar derechos a un «trabajador sexual» para que sea considerado trabajador autónomo corresponde al ámbito de la Legislatura y no al Poder Judicial.

Esta situación «corresponde al ámbito político como, eventualmente, al penal. No se contempla la posibilidad de forzar el ejercicio de una competencia privativa orientada, como en el supuesto que nos ocupa, a provocar la sanción de una ley», destaca el fallo.

La resolución de los camaristas avaló la posición de clausura del local en donde se ejerce la prostitución ya que «las facultades de control aparecen ligadas al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad frente a una actividad que excede el ámbito de privacidad tutelado por el artículo 19 de la Constitución Nacional“.

“La pretensión de desarrollar su actividad al margen de cualquier tipo de control carece de todo sustento. Ello así, en tanto las propias actoras manifestaron desarrollar una actividad lucrativa en su vivienda y con la participación de todos los involucrados”, resaltaron.

Los jueces precisaron además que la actividad de «trabajo sexual» no puede encuadrarse entre ninguna «actividad comercial», por lo cual no está previsto que pueda ser habilitada.

En este sentido apuntaron que las demandantes «no han acreditado haber solicitado un permiso para desarrollar su actividad» y detallaron que «no esta demostrado» que los operativos de control de la Agencia Gubernamental porteña les hayan impuesto «condiciones de funcionamiento».