La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo y la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo dieron un apoyo irrestricto al juez que lleva la causa de Lácteos Vidal. Las organizaciones se refirieron a «ataques», «escraches» y a una «indiscriminada lapidación mediática» contra el Juez José Ignacio Ramonet. Asimismo recordaron que «los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son derechos humanos de máxima jerarquía».
El juez laboral José Ignacio Ramonet embargó cuentas bancarias de Lácteos Vidal para abonar una compensación a los trabajadores despedidos en forma ilegal por ejercer su derecho a huelga. La empresa, asesorada por el Movimiento Empresarial Antibloqueos que auspicia Juntos por el Cambio, se niega a acatar el fallo que la obliga a ajustarse a la legislación laboral vigente.
En paralelo, Alejandra Bada Vázquez propietaria de la empresa, expresa en grandes medios de comunicación que no tiene dinero y amenaza con cerrar la fábrica. Asociaciones de pymes lácteas, de emprendedores, de mujeres empresarias y de chacinados salieron a apoyarla y solicitaron al magistrado Ramonet que desista de la medida.
En las diversas notas alineadas con la dueña se habla de una empresa víctima de bloqueo, cuando precisamente una de las cosas que se desmintió en la investigación judicial es que se tratase de un «bloqueo». El juez Ramonet defendió el derecho a huelga de los trabajadores y su sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
En ese sentido, el magistrado recibió el apoyo de la Asociación Nacional de Jueces (ANJUT) que denunció una “indiscriminada lapidación mediática” y “escraches” al mencionado Juez de la causa. Indicaron también que «la independencia judicial es una garantía fundamental en el sistema republicano, por lo que deben descartarse de plano cualquier tipo de medidas orientadas a presionar a los magistrados y magistradas para que resuelvan en un determinado sentido».
«Ante los hechos difundidos en diversos medios periodísticos y sitios de internet, que dan cuenta de una indiscriminada lapidación mediática, así como de la promoción de “escraches” contra el Juez a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 69, Dr. José Ignacio Ramonet -motivadas por el dictado de una resolución pronunciada en ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales que les han sido constitucional y legalmente atribuidas, y que fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal de revisión competente- la ASOCIACION NACIONAL DE JUECES Y JUEZAS DEL TRABAJO (ANJUT) manifiesta la solidaridad con el magistrado afectado, y expresa su más honda preocupación, exhortando a todos los actores involucrados a respetar las decisiones que los jueces y juezas laborales adoptan en el marco de las causas sometidas a su conocimiento».
«Asimismo, ante las livianas descalificaciones que -sin rigor jurídico alguno- pretenden hacer aparecer como “extorsivas” las medidas adoptadas por los trabajadores y las trabajadoras en ejercicio de sus derechos colectivos, recordamos que -según lo establece nuestro orden jurídico constitucional (arts. 14 bis y 75.22, C.N.) y lo ha destacado en forma reciente y categórica la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva N°27/21, del 5/5/2021)- los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son derechos humanos de máxima jerarquía que deben ser imperativamente protegidos por los distintos poderes del Estado».
Por su parte, desde Recife, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo repudió «los ataques de que fuera objeto el Juez de Trabajo de la Repùblica Argentina, el Doctor Josè Ignacio Ramonet, con fundamento en haber ordenado la reinstalación de trabajadores y la aplicación de astreintes para su cumplimiento»
Según la asociación regional de jueces, «esto significa además, a no dudar, una velada amenaza a la independencia de la totalidad de los jueces y magistrados de ese país y un intento inaceptable de disciplinamiento de los mismos a factores internos como externos de presión«.
Asimismo señalaron la existencia de «un patrón de conducta reiterada, una velada persecución contra los jueces del trabajo de la República Argentina que deben velar por asegurar el pleno respeto a los principios que impone el orden constitucional de ese país y que colocan al hombre que trabaja como sujeto de preferente tutela».
«Los fallos judiciales jamás pueden ser el sustento para que se los pueda remover a los jueces de sus cargos. En el mismo sentido, la remoción de los jueces debido a su filosofía judicial no es posible», argumentaron.
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