El sindicato lechero presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por falta de pago de salarios, paralización de la producción y presunto lockout patronal en la empresa Verónica, una situación que afecta a más de 400 trabajadores en plantas de Santa Fe y Buenos Aires. El gremio sospecha que estas irregularidades no responden a la crisis del sector, sino a decisiones de la empresa, porque su producción y balances venían siendo satisfactorios.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) presentó una denuncia ante la Dirección Nacional de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo por una grave situación laboral en la empresa de lácteos Verónica S.A.C.I.A.F.E.I., a la que acusa de incumplimientos salariales, retención indebida de aportes y la realización de un presunto lockout patronal.
La presentación fue realizada el 9 de marzo por el letrado apoderado del sindicato, Alberto Rubén Coronel, quien solicitó a la directora de Relaciones Laboraes y Regulación del Trabajo, Mara Mentoro, la intervención urgente de las autoridades laborales nacionales ante el conflicto que afecta a más de 420 trabajadores de la industria láctea.
Según la denuncia, la empresa mantiene impagos los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, además de adeudar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2025.
El sindicato sostiene que la situación se agravó luego del cese progresivo de la producción, iniciado tras la finalización de un acuerdo de producción a fasón el 8 de enero. Desde entonces, la actividad se redujo significativamente hasta detenerse por completo el 16 de febrero, cuando dejó de ingresar materia prima a las plantas industriales.
Las instalaciones afectadas incluyen establecimientos en las localidades santafesinas de Lehmann, Suardi y Clason, además de depósitos y centros de distribución en Boulogne Sur Mer y Tandil, en la provincia de Buenos Aires.
ATILRA también denunció que, desde el 5 de febrero, algunos trabajadores recibieron cartas documento que notificaban una reducción del 50% en la jornada laboral y en los salarios, lo que el gremio considera una suspensión encubierta sin fecha de inicio ni de finalización.
A esta situación se suma la falta total de tareas laborales en algunos establecimientos y la decisión de la empresa de prohibir el ingreso a determinados depósitos, lo que, según el sindicato, constituye una medida de fuerza patronal ilegal.
“Es manifiesto que la empresa se encuentra llevando a cabo un ilegal lockout”, sostiene la presentación sindical, que advierte que estas decisiones podrían generar conflictos mayores entre los trabajadores afectados.
El conflicto también tiene derivaciones judiciales. Un grupo de trabajadores presentó una denuncia ante la Justicia Federal de San Isidro por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos. La causa tramita en el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro.
En paralelo, el sindicato indicó que existe una investigación por presunta estafa en la Fiscalía de Criminalidad Económica y Compleja de Rafaela, en la provincia de Santa Fe.
Desde ATILRA sostienen que la situación de la empresa no respondería necesariamente a la crisis general del sector, ya que, según la denuncia, Verónica venía registrando niveles de producción normales y balances satisfactorios durante 2025.
El gremio plantea que la caída de la producción podría haber sido provocada por decisiones internas de la empresa, incluso vinculadas a disputas entre accionistas o a la relación con firmas vinculadas que proveen materia prima. Según trascendió, la sociedad estaría integrada por unos veinte socios pertenecientes al mismo grupo familiar —entre primos, hermanos y sobrinos— y existirían diferencias internas sobre la conducción y el control de la compañía.
En ese marco, desde hace más de un año se registran problemas financieros, cheques rechazados, atrasos en pagos a proveedores y demoras en salarios, aguinaldos y aportes de los trabajadores, lo que habría derivado en la actual paralización de la actividad.
Ante este escenario, el sindicato solicitó que la Secretaría de Trabajo intervenga para garantizar el pago de salarios, la continuidad laboral y el respeto de los derechos de los trabajadores.
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