
Los trabajadores del Sindicato de Petroquímicos y Químicos volvieron a manifestarse frente a la Secretaría de Trabajo provincial ante la falta de pago de salarios y aportes por parte de Laboratorios Pyam, que acumula deudas desde abril y podría ser sancionado nuevamente por incumplir con las audiencias oficiales.
Este lunes por la mañana frente a la Delegación local de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos, trabajadores del Sindicato de Petroquímicos y Químicos se manifestaron nuevamente por la falta de respuestas en el conflicto que mantienen con Laboratorios Pyam, empresa radicada en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG).
Según explicó Martín Gómez, delegado del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos Zárate, la compañía “adeuda el medio aguinaldo, los sueldos de agosto y septiembre, además de cargas sociales y aportes retenidos desde abril de este año”.

Según informaron medios locales, durante la audiencia convocada por las autoridades, la empresa se presentó con un nuevo asesor legal, aunque había faltado a la reunión anterior. Esta inasistencia derivó en la solicitud de multas por incomparecencia. «Es una conducta reincidente. La empresa tiene la obligación de presentarse a las audiencias y, al no hacerlo, será multada nuevamente. Lo que pedimos es que se establezca un canal de diálogo y un plan de pago, pero hasta el momento la empresa se niega», explicó Gómez a R2820.
Desde el gremio adelantaron que solicitarán una nueva audiencia para la próxima semana, con la intención de avanzar en una posible solución. No obstante, advirtieron que, si la empresa vuelve a ausentarse, pedirán que los representantes sean convocados por la fuerza pública.
Asimismo, el sindicato exigió que la Secretaría de Trabajo informe a la Administradora de Recursos y Control de la Actividad (ARCA) sobre los incumplimientos de Pyam en materia de aportes sociales, pago de obras sociales y prepagas, que actualmente se encuentran interrumpidas para los trabajadores.
Mientras tanto, los empleados continúan sin cobrar sus haberes y sin que se regularicen los aportes a la obra social ni al sistema jubilatorio, situación que agrava el conflicto y la incertidumbre entre las familias afectadas.