La Reforma Laboral dejaría sin peculio a las personas privadas de su libertad que trabajan: «Hasta la fuerza de seguridad está en contra de esta medida»

El proyecto de Reforma Laboral que se votará mañana en el Senado establece que el trabajo de las personas privadas de su libertad en cárceles federales deje de ser remunerado, lo que generó el rechazo del procurador penitenciario adjunto Ariel Cejas Meliare, quien advirtió que la medida representa “un claro retroceso” dentro de los muros pero también para las víctimas, porque la actual legislación establece que el 10% de lo que perciben los presos debe destinarse a un fondo de reparación para las víctimas.

El Senado debatirá mañana el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el oficialismo, que incluye un artículo que establece que el trabajo realizado por personas privadas de su libertad en cárceles federales no deberá ser remunerado. De aprobarse, alrededor de 12 mil internos continuarían realizando tareas laborales, pero sin percibir salario ni contar con la protección de la legislación laboral y de seguridad social vigente.

La iniciativa generó fuertes cuestionamientos por parte de organismos vinculados a la defensa de los derechos de las personas detenidas. Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto, calificó la medida como “un claro retroceso” y sostuvo que contradice la Congreso de la Nación Argentina en tanto vulnera principios establecidos en la Constitución Nacional y en la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena.

“Es un claro retroceso. Primero porque va en contra de la Constitución Nacional, segundo porque va en contra de la ley 24.660 que es la ley de ejecución de la pena, que norma el trabajo con todas las prerrogativas que tiene la ley de contrato de trabajo”, afirmó en declaraciones a Futurock. El funcionario explicó que actualmente el trabajo en contexto de encierro contempla el pago de un peculio que permite a los internos solventar gastos personales, asistir económicamente a sus familias y contar con un ahorro al momento de recuperar la libertad.

Además, recordó que el artículo 121 de la normativa vigente establece que el 10% de lo percibido debe destinarse a un fondo de reparación para las víctimas. “Con el peculio pueden solventar gastos en la unidad, darle plata a su familia y, al momento del egreso, contar con algún monto para paliar la situación”, subrayó.

Cejas Meliare también advirtió sobre el impacto social de la medida, teniendo en cuenta las condiciones de detención. Las personas privadas de su libertad suelen destinar sus ingresos a la compra de elementos de higiene y alimentos, en un contexto donde las condiciones carcelarias presentan múltiples carencias, además de contribuir al sostenimiento de sus hogares.

“En el sistema federal, la mayoría de las personas que están detenidas trabajan, el 60%. En los sistemas provinciales no se cobra, ese derecho ya no existe. Se estaría legalizando la situación de casi esclavitud de todo el sistema penitenciario”, alertó.

El procurador adjunto señaló además que el propio Servicio Penitenciario Federal promueve y destaca el trabajo intramuros como herramienta de reinserción social. “La misma fuerza de seguridad permanentemente está elogiando y trabajando para poder cumplir con esto. Hasta la misma fuerza de seguridad está en contra de esta medida”, afirmó.

Finalmente, cuestionó que el artículo haya sido incorporado dentro de un proyecto más amplio sin mayor debate público. “Lo grave es que se haya colado dentro de este proyecto de ley y como no genera una alerta en muchos legisladores o gran parte de la población, entonces esto hace que no se tome en cuenta”, concluyó.

La discusión en la Cámara alta se dará en medio de un clima de fuerte polémica por el alcance de la reforma y sus implicancias en distintos ámbitos laborales y sociales.