La Justicia confirmó el procesamiento de Julio Gutiérrez y otro dirigente de la Federación de Seguridad FATRASEP por una presunta maniobra para apropiarse de $720 millones

Lo hizo la Sala II de la Cámara Federal de San Martín ratificó el procesamiento del titular de UPSAP y referente de FATRASEP Julio Gutiérrez y del colaborador gremial Juan Marcelo Soria por presunta estafa procesal y falsificación ideológica. La Justicia sospecha que utilizaron documentación cuestionada para reclamar una deuda sindical inexistente y contra una empresa de seguridad privada.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Julio Norberto Gutiérrez, secretario general de la Unión del Personal de Seguridad Privada y Afines de la Patagonia Central (UPSAP) y titular de la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP), y de Juan Marcelo Soria, colaborador gremial de esa organización. Es por una causa que investiga una presunta maniobra para apropiarse de más de 720 millones de pesos mediante documentación considerada falsa.

En la misma resolución, el tribunal ratificó el embargo preventivo de 250 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados y revocó el procesamiento del abogado Julio César Núñez, apoderado legal del sindicato, a quien le dictó la falta de mérito al considerar que su participación se habría limitado a presentar la demanda judicial con información previamente elaborada por las autoridades gremiales.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Secar Security Argentina S.A., ex Securitas, que acusó a la conducción de UPSAP de haber confeccionado y utilizado certificados de deuda sindical presuntamente falsos para reclamar aportes correspondientes al período 2018-2022 y obtener medidas cautelares millonarias contra la empresa.

Según surge del expediente, el reclamo inicial ascendía a más de 410 millones de pesos por supuestas cuotas sindicales impagas. Con la incorporación de intereses y otros conceptos, la cifra total superaría los 720 millones de pesos.

Al confirmar los procesamientos, los camaristas sostuvieron que existen elementos suficientes para considerar que la documentación utilizada para respaldar la demanda presentaba graves inconsistencias y que la deuda reclamada podría haber carecido de sustento real. De hecho, recordaron que una resolución previa de la propia Cámara ya había declarado inválido el certificado de deuda utilizado por UPSAP para promover la ejecución judicial.

Para los jueces, las actuaciones reunidas hasta el momento permiten sospechar que el sindicato impulsó un reclamo económico pese a encontrarse en condiciones de verificar que los aportes reclamados ya habían sido abonados por la empresa. La resolución destaca que existían constancias de transferencias bancarias efectuadas regularmente por Secar Security a favor de la organización sindical por los mismos conceptos que luego fueron incluidos en la supuesta deuda.

Asimismo, la Cámara señaló que el certificado de deuda firmado por Gutiérrez y el acta de fiscalización suscripta junto a Soria fueron los instrumentos que permitieron obtener una medida cautelar en sede civil y que, de acuerdo con la hipótesis de la investigación, habrían contenido información que no reflejaba la realidad de los hechos.

Los magistrados fueron especialmente duros al señalar que los elementos reunidos generan una “seria sospecha” de que pudo haber existido un “despliegue ardidoso” destinado a obtener una resolución judicial favorable mediante documentación cuestionada.

Por el contrario, entendieron que todavía no existen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad penal de Núñez en la elaboración de la documentación que dio origen al reclamo, razón por la cual resolvieron revocar su procesamiento y dictarle la falta de mérito.