El Tribunal Oral Criminal N°2 de San Nicolás consideró que la protesta sindical de febrero de 2021 fue el ejercicio legítimo del derecho de huelga y no un delito de extorsión. La fiscalía había pedido 10 años de prisión para el líder de Camioneros, mientras que la querella de la familia Rey solicitaba 15. La abogada mediática Florencia Arietto adelantó que el fallo será apelado.
El Tribunal Oral Criminal N°2 de San Nicolás absolvió este miércoles a Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de esa ciudad, y a otros seis imputados por el bloqueo a la pyme Distribuidora Rey, ocurrido en febrero de 2021 en San Pedro. El juez Alejandro López, único integrante del tribunal, consideró que la protesta sindical fue legítima y que no constituyó un bloqueo delictivo, por lo que ordenó la inmediata liberación de Cabaleyro, quien cumplía prisión domiciliaria desde hacía tres años. La fiscalía había solicitado una condena de 10 años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que la querella de la familia Rey elevaba el pedido a 15 años.
El fallo desestimó las pruebas aportadas por la acusación, que incluían fotografías, filmaciones y testimonios sobre las características violentas de la medida. El juez sostuvo que los hechos ocurrieron «en ejercicio de un derecho» y que no se acreditó que Cabaleyro hubiera recibido pagos indebidos de la empresa. Además de Cabaleyro, fueron absueltos Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo. La defensa del sindicalista había insistido a lo largo del juicio en que las medidas de fuerza se trataban de un reclamo salarial y no de una extorsión.
El conflicto se originó cuando el sindicato exigió que los 35 empleados de la distribuidora pasaran al convenio 40/89 de Camioneros, dejando de estar afiliados a Comercio. Según los dueños de la empresa, el problema comenzó cuando el sindicato «impuso» la designación de un delegado sin cumplir las obligaciones legales y este fue sancionado por incumplimientos laborales. «En ese momento decidimos dejar de pagarle al sindicato todos los meses para trabajar en paz. Por eso tuvimos el primer bloqueo, el 15 de enero de 2021», admitió Ariel Rey, dueño de la firma.
La causa tuvo una fuerte connotación política. El empresario denunciante es hoy concejal libertario y la senadora Florencia Arietto, abogada de la familia Rey, intervino como representante de la parte damnificada, mientras que Cabaleyro era concejal del Frente de Todos y fue suspendido de su banca en 2023 mientras avanzaba el proceso judicial. La defensa del sindicalista calificó la causa como una persecución contra la organización gremial, mientras que la empresa buscó llevar la protesta al fuero penal y sostuvo que detrás del bloqueo existieron amenazas y exigencias económicas.
El fallo será apelado tanto por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio como por la abogada de la familia Rey, Florencia Arietto, quien anunció que llevará el caso a instancias superiores. En paralelo, el otro imputado principal, Fernando Espíndola, no participó del juicio oral porque acordó un procedimiento abreviado a comienzos de septiembre, que aguarda la homologación de la jueza Elena Baquedano y podría derivar en una pena máxima de seis años de prisión.
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