La Fiscalía pidió duras condenas e inhabilitaciones para ex y actuales dirigentes de Luz y Fuerza por presunta defraudación y lavado de activos, mientras el juicio entra en su tramo final a la espera del veredicto del 1 de diciembre.
El juicio contra la cúpula del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba ingresó en su tramo final luego de que el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal 2, Carlos Casas Nóblega, solicitara severas penas de prisión para los principales acusados. Las solicitudes, que incluyen inhabilitaciones para ejercer cargos gremiales y multas millonarias, apuntan a exdirigentes y autoridades actuales del sindicato, a quienes la Fiscalía considera responsables de maniobras de defraudación, lavado de activos y asociación ilícita. El veredicto se conocerá el próximo 1 de diciembre.
Según detalló el fiscal, las penas más altas fueron requeridas para figuras centrales del gremio: Gabriel Suárez, exsecretario general durante el período investigado (2011-2019), para quien solicitó 10 años de prisión, ocho de inhabilitación y multas que ascienden a 15,6 millones de pesos. Para el actual secretario general, Jorge Molina Herrera, pidió 9 años y 6 meses de prisión, ocho de inhabilitación y una multa superior a los 67 millones. La misma pena de prisión fue requerida para Fernando Navarro, responsable del área de Finanzas durante los hechos investigados.
De acuerdo con la acusación, los tres habrían sido los principales arquitectos de un esquema que desviaba fondos del Fondo Compensador de jubilados y de la Obra Social del gremio a través de cheques emitidos a proveedores reales y ficticios. La Fiscalía sostuvo que, mediante un sistema de endosos que dificultaba la trazabilidad, los documentos eran cobrados en distintas entidades bancarias, muchas veces por montos menores a 50.000 pesos para evitar controles regulatorios. El perjuicio total habría superado los 215 millones de pesos para el Fondo Compensador y más de 6 millones para la Obra Social.
El pedido de penas también alcanzó a otros integrantes del gremio señalados como partícipes de las maniobras: entre ellos, Daniel Edgardo Lozano (5 años y 6 meses de prisión), Roque Daniel Tapia y Alexis Daniel Fidelbo (5 años), José Ramón Galván (5 años) y Yanina Victoria Molina, hija del actual secretario general, para quien se solicitaron tres años. La acusación por lavado de activos incluye inversiones inmobiliarias, compra de divisas, adquisición de vehículos y movimientos inusuales de dinero, entre ellos la compra de fichas de casino por 13 millones de pesos atribuida a Molina Herrera en 2012.
El proceso continuará este 28 de noviembre con los alegatos de las defensas, a cargo de los abogados Ernesto Gavier, Tristán Gavier e Iván Mochovsky. En la última audiencia, prevista para el 1 de diciembre, los acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que el tribunal pase a deliberar. Se espera un fallo que podría marcar un precedente significativo en materia de causas vinculadas al manejo de fondos sindicales.
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