La CGT destacó la decisión judicial que suspendió la medida al advertir riesgos institucionales y posibles impactos sobre los derechos laborales y la estructura de la Justicia del Trabajo.
La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) expresó su respaldo al reciente fallo de la Justicia Nacional del Trabajo que suspendió los efectos del intento de transferir el fuero laboral fuera de la órbita nacional, al considerar que se trata de una decisión relevante para la defensa del sistema judicial laboral y las garantías de los trabajadores.
A través de un comunicado oficial, la central sindical calificó la resolución del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 30 como “un paso importante” al reconocer la verosimilitud de los planteos judiciales y los riesgos institucionales que podría haber generado la medida.
Desde la CGT señalaron que el fallo pone de relieve la gravedad institucional que, según su visión, implicaba avanzar con modificaciones sobre la estructura del fuero laboral sin respetar los procedimientos constitucionales ni las garantías vinculadas a la independencia judicial.
En ese sentido, remarcaron que la Justicia del Trabajo cumple un rol central para equilibrar las asimetrías entre empleadores y trabajadores, y advirtieron que cualquier intento de debilitamiento podría significar un retroceso en materia de derechos sociales.
“El fuero laboral es una herramienta clave para garantizar la protección efectiva de los derechos laborales y el principio protectorio consagrado en la Constitución Nacional”, sostuvo la central obrera.
La organización sindical también advirtió que el proyecto de transferencia generaba incertidumbre respecto de la situación laboral de miles de trabajadores judiciales, particularmente en relación con su estabilidad, carrera administrativa y condiciones laborales.
Según el comunicado, estos factores también fueron considerados dentro del debate sobre el impacto institucional de la medida.
Finalmente, la CGT sostuvo que el fallo reafirma la importancia del Estado de Derecho y la necesidad de que cualquier reforma del sistema judicial respete los mecanismos institucionales y el debate democrático.
En ese marco, la central reafirmó que continuará defendiendo lo que definió como los pilares de la justicia social, los derechos laborales y las instituciones encargadas de garantizarlos.
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