El oficialismo bonaerense envió al Senado un proyecto de ley para crear una instancia de conciliación laboral. Busca acelerar los plazos ante el aumento de los conflictos laborales. Los laboralistas, sin embargo, aseguran que se trata de una «restricción del acceso a la justicia» y vaticinan que no cumplirá el objetivo.
El gobernador Axel Kicillof envió al Senado bonaerense un proyecto de ley que busca evitar la instancia de juicio en conflictos laborales y poder abordarlos con acuerdos entre las partes. La iniciativa comprende la creación de la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial, que fue anunciada en el marco de la apertura de sesiones ordinarias de este año.
“ΕΙ creciente desempleo, suspensiones, procedimientos preventivos de crisis y cierres de establecimientos, son factores que también contribuyen a incrementar el caudal de demandas laborales”, argumentó el mandatario provincial.
Según los datos del Ministerio de Economía bonaerense, sólo en los primeros seis meses de gestión de Javier Milei, 67.422 personas perdieron su empleo asalariado en el sector privado de la provincia, en tanto que subió 10 puntos porcentuales la cantidad de bajas decididas por las empresas, de las cuales la mayoría son despidos sin causa.
En el proyecto, el Registro de Conciliadores Laborales de la Provincia de Buenos Aires se encontrará bajo la órbita coordinada de dos ministerios, el de Justicia y Derechos Humanos y el de Trabajo.
La idea es “dirimir los reclamos laborales individuales y pluriindividuales con carácter previo y obligatorio al inicio de la demanda judicial en que resulte competente la Justicia del Trabajo de la provincia”.
La iniciativa, en principio pensada para acelerar los tiempos, genera controversia. De hecho los Laboralistas Platenses ya emitieron un documento en el cual se quejaron del proyecto y aclararon que no fueron consultados en ningún momento.
«La constitución de la Provincia de Buenos Aires consagra el derecho de acceso irrestricto a la Justicia. La instancia de conciliación laboral obligatoria perjudicial consistirá, sin lugar a dudas, en una restricción del acceso a la Justicia de la población trabajadora, cuyos créditos son de inminente carácter alimentario e irrenunciables», señalan.
Además cuestionan el argumento y explican que en otras jurisdicciones en las que se ha puesto en funcionamiento una iniciativa similar «tampoco se ha reducido la litigiosidad y, al contrario, se ha incrementado».
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