Reconocidos docentes y especialistas en Derecho cuestionaron duramente el fallo de la Corte Suprema que confirma la condena e inhabilitación de Cristina Kirchner. Denuncian irregularidades, falta de rendición de cuentas y alertan sobre el impacto institucional y educativo.
Un numeroso grupo de personalidades del ámbito jurídico expresó su “profunda preocupación” por la reciente sentencia de la Corte Suprema que ratificó la condena e inhabilitación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideran una de las principales figuras de la oposición. En un documento titulado “Con proscripción no hay democracia”, los firmantes denuncian una “grave afectación al sistema democrático y al ejercicio de los derechos políticos”.
Entre los firmantes figuran juristas de prestigio como Raúl Zaffaroni, Marisa Herrera, Laura Clérico, Mauro Benente y Alejandro Alagia, entre otros, quienes señalan que la causa que motivó la condena está plagada de irregularidades. Subrayan, además, que la sentencia fue filtrada a los medios antes de su dictado formal, lo que evidencia —según advierten— una preocupante connivencia entre sectores judiciales, políticos y mediáticos.
Los especialistas ponen el foco también en el daño que este fallo produce en la enseñanza del Derecho. “El derecho no puede convertirse en una herramienta de persecución política. Esta sentencia compromete seriamente la formación jurídica y los principios democráticos que debemos transmitir en las aulas”, señalan.
En el documento, plantean interrogantes clave que, a su juicio, minan la legitimidad del fallo: el anuncio anticipado por la prensa, la coincidencia con la ratificación de una eventual candidatura de la expresidenta, y la utilización de un defecto formal como argumento central de la Corte para rechazar su defensa. Cuestionan también la falta de estándares claros para evaluar la imparcialidad de los magistrados involucrados.
“La Corte no rinde cuentas. Dictar una sentencia de esta magnitud requiere una responsabilidad institucional que no ha sido asumida. Está en juego un principio constitucional básico como lo es la presunción de inocencia”, afirma el pronunciamiento, que fue difundido en la previa del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en coincidencia con una jornada marcada por debates sobre institucionalidad y justicia.
Finalmente, las y los firmantes reivindican su deber de formar ciudadanos democráticos y comprometidos con los derechos humanos. “No se puede educar para la democracia cuando el sistema judicial niega la posibilidad de elegir libremente. Una justicia sin límites pone en riesgo las bases mismas de la vida democrática. Con proscripción, no hay democracia”, concluyen.
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