Julio Cordero admitió que en la Reforma Laboral crea el fondo FAL para financiar despidos y no para sostener el empleo

Una entrevista al secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, dejó al descubierto uno de los ejes centrales de la política laboral del gobierno de Javier Milei: lejos de promover herramientas para sostener y crear empleo, la gestión de La Libertad Avanza impulsa un esquema que prioriza el abaratamiento de los costos laborales y el financiamiento de las desvinculaciones en beneficio de las empresas.

Julio Cordero, quien participó activamente en la redacción del capítulo laboral del DNU 70/23 como contrado indirecto del Grupo Techint antes de asumir formalmente en el Gobierno, sostuvo en diálogo con La Nación, que la llamada “modernización laboral” permitirá revertir la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas. Sin embargo, admite que la reforma desfinancia el sistema previsional y de salud, debilita a los sindicatos y reduce el peso del Estado en la regulación del trabajo, pilares históricos del derecho laboral argentino.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es justamente la creación del FAL, que el funcionario presenta como una solución “dinámica” para el mercado laboral. “Este fondo va a permitir una dinámica real de trabajo porque habrá financiamiento para las desvinculaciones”, afirmó Cordero, naturalizando que el Estado y los aportes que hoy sostienen la seguridad social se orienten a facilitar despidos, en lugar de promover políticas activas de empleo o proteger puestos de trabajo existentes.

El propio secretario explicó que el esquema busca devolverles a los empleadores parte de las contribuciones patronales, consideradas por el Gobierno como una “carga excesiva”, y canalizar esos recursos hacia un fondo destinado a cubrir indemnizaciones: “Es una obligación conveniente porque estás creando un fondo que te cubre para las indemnizaciones”.

Respecto de las indemnizaciones, Cordero negó que exista una rebaja, aunque reconoció cambios que favorecen a las empresas. “Lo único que se hizo con el artículo 245 es incorporar algunos criterios jurisprudenciales mayoritarios”, afirmó, al tiempo que remarcó que conceptos como aguinaldo, vacaciones o premios no serán obligatorios en el cálculo, salvo que el empleador decida incluirlos.

La reforma también avanza sobre derechos colectivos y la acción sindical. Al justificar las limitaciones al derecho de huelga y a las asambleas, el secretario de Trabajo señaló que “cuando las asambleas son recurrentes y son utilizadas como un método de paralización de la actividad, se trata de desvíos que hay que corregir”, y agregó que “antes, bajo la excusa de la huelga, se aceptaba cualquier cosa”.

Tal vez venga a colación recordar que en el debate en el Congreso por la reducción de la jornada laboral que tuvo lugar en 2023, el entonces representante de la UIA rechazó la posibilidad de sumar tiempo de descanso. «Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué?», se preguntó.

Finalmente, pese a la pérdida de más de 250.000 empleos y el cierre de miles de pymes durante la actual gestión, Cordero se mostró confiado en el rumbo adoptado. “Estoy convencido de que se va a revertir”, aseguró, y defendió la transformación de planes sociales como herramienta de inserción laboral: “Es una ayuda para ingresar al mundo del trabajo”. Por ahora, el eje de la reforma deja en evidencia que el principal financiamiento estatal no estará orientado al empleo, sino a facilitar y ordenar aún más despidos.