El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, rechazó la presión del Gobierno nacional sobre los docentes, a través de la reforma laboral, para evitar que se plieguen a la huelga de este lunes. También adelantó que el próximo miércoles 6 de agosto encabezarán una protesta frente al Parlamento en rechazo al proyecto que elimina restricciones a la compra de tierras por extranjeros, anunció nuevas movilizaciones y no descartó medidas de fuerza en defensa de los derechos laborales.
El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, confirmó este lunes que la central obrera movilizará al Congreso el próximo 6 de agosto en rechazo a la denominada «ley de inviolabilidad de la propiedad privada», que según el dirigente «de eso no tiene nada cuando permite que tres o cuatro millonarios vengan y se queden con la Argentina». En declaraciones a Futurock, Jerónimo señaló que la iniciativa «flexibiliza todas las condiciones para que vengan a avasallar y quedarse por muy pocos millones con la Argentina».
El dirigente sindical también se refirió al conflicto por el paro nacional docente y las amenazas del Gobierno de aplicar la reforma laboral para restringir el derecho de huelga. «Lo repudiamos y está claro que, más allá de lo que diga el Gobierno nacional, nosotros lo dijimos muy claramente: así como el Gobierno no acató dos veces la ley de financiamiento universitario, aprobado por ambas Cámaras, ¿por qué nosotros tenemos que acatar una ley que es completamente regresiva y maliciosa, que tiene una impronta negativa para los trabajadores?», cuestionó Jerónimo.
El dirigente de la CGT anticipó que el plan de lucha continuará con la tradicional movilización del 7 de agosto por San Cayetano, patrono del trabajo, bajo la consigna «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo», y una gran marcha al Ministerio de Economía a mediados de mes en reclamo de los trabajadores endeudados. «También estamos viendo en qué sectores vamos a realizar medidas de fuerza. Avisamos que iba a ir escalando», advirtió Jerónimo.
El proyecto de extranjerización de tierras, que el oficialismo busca aprobar esta semana en el Congreso, elimina las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de extranjeros y empresas extranjeras, reduciendo los límites actuales de 1.000 hectáreas en zonas productivas y 100 en la franja fronteriza. Para la CGT y otros sectores opositores, la norma representa una «entrega del territorio nacional», que ya tiene antecedentes como el caso de Lago Escondido, donde el millonario inglés Joe Lewis posee 14.000 hectáreas y restringe el acceso a la población.
La CGT también analiza el impacto de la ley en la soberanía alimentaria y la posibilidad de que grandes extensiones de tierras productivas queden en manos extranjeras, lo que afectaría directamente la producción de alimentos y el empleo rural. La central obrera convocará a una conferencia de prensa el miércoles para detallar las consecuencias de la iniciativa y explicar el plan de lucha. Con la movilización del 6 de agosto, la CGT busca marcar su posición contra una ley que considera una amenaza para la soberanía nacional, mientras el conflicto por los paros y la restricción del derecho de huelga sigue escalando.
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