Un seminario en el que participaron dirigentes de sindicatos y obras sociales y jueces destacó la inmediata necesidad de crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet) y una Comisión o Consejo Médico para producir dictámenes técnicos y objetivos para la justicia.
En el encuentro de dos días realizado en el Salón Directorio del Hotel Llao Llao de la ciudad rionegrina de Bariloche participaron magistrados y sindicalistas de las obras sociales de capitanes de pesca (Ospesca), marítimos (Somu), personal aeronáutico, monotributistas (Osdepym) y de trabajadores de la AFIP, informó un documento.
El seminario «Derecho a la salud, actualidad, problemáticas y perspectivas» fue organizado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional para acercar a los magistrados y a las obras sociales sindicales en el intento de mejorar ese derecho.
El titular de la Obra Social de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías, informó en un comunicado que participaron los jueces federales Patricio Maraniello, Alfredo Gusman, Alberto Lugones, Gonzalo Auguste, la exmagistrada Lidia Fasano y los coordinadores Andres Prieto Fasano y Hugo Moyano, del gremio camionero.
«El espacio de diálogo y respeto por todas las opiniones procuró la búsqueda de soluciones y resultados que conduzcan hacia una sociedad más justa», dijo Frías.
El dirigente pesquero e integrante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) explicó que «uno de los temas que generó más debate fue ‘Medicamentos de alto costo y análisis jurisprudencial del fallo de la Corte Suprema contra la obra social de conductores camioneros y personal del transporte automotor de cargas sobre amparo Ley 16.986′».
Los expositores describieron la problemática de las obras sociales como «enfermedades catastróficas», ya que su financiamiento produce un gasto de esa dimensión y tiene elevado impacto en sus economías, lo que representa «el mayor problema para garantizar su sustentabilidad», según sostuvo el documento.
Los participantes señalaron que en el país el financiamiento de las enfermedades catastróficas «no fue incluido en una legislación especial», y expresaron que «la obra social no puede otorgar todo a todos y tampoco debe dar todo a pocos, aunque tiene que garantizar una prestación adecuada y la mejor posible al conjunto» de afiliados.
También enfatizaron la necesidad de intervención y asistencia del Estado como tercero obligado y analizaron el rol de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y de la Anmat y cómo lograr su incorporación a esa problemática, a la vez que subrayaron que «es alarmante el aumento anual de más del 30 por ciento de la judicialización en materia de salud en el fuero civil y comercial federal».
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