Fondo para despidos: el Gobierno postergaría un mes el inicio del esquema para el pago de indemnizaciones

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que debía comenzar a regir el 1 de noviembre, podría aplazarse hasta diciembre por solicitud de bancos y fondos de inversión que piden más tiempo para adaptarse al nuevo sistema. Se trataría de la segunda prórroga de un mecanismo que ya fue demorado cinco meses por decreto y que desfinancia al sistema previsional, según denuncian los gremios.

El nuevo esquema con el que las empresas deberán pagar las indemnizaciones por despido o las sentencias en juicios laborales podría comenzar a funcionar más tarde de lo previsto. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuyo inicio estaba estipulado para dentro de dos semanas, podría aplazarse hasta diciembre, de acuerdo con fuentes privadas que estuvieron en contacto con el Gobierno en los últimos días. La postergación está habilitada por la propia normativa que aprobó el Congreso, que otorgó al Poder Ejecutivo un margen de seis meses para reprogramar su entrada en vigencia. De concretarse, se trataría de la segunda prórroga: originalmente el FAL debía comenzar en junio, pero el Gobierno resolvió en mayo demorarlo cinco meses, hasta el 1° de noviembre, mediante el Decreto 408/2026.

Las conversaciones entre el Ministerio de Economía y los actores del mercado financiero fueron el factor que impulsó la posible postergación. Según consignó Clarín, las cámaras de fondos comunes de inversión y de fondos fiduciarios solicitaron formalmente un mes más de tiempo para adaptarse a las cuestiones operativas que implica este esquema. «Es muy probable que pase, pero estamos esperando confirmación», aseguraron desde uno de los principales bancos involucrados en el servicio de FAL al medio. La puesta en marcha del sistema implica una cantidad considerable de cambios en los sistemas internos de las empresas y en su vinculación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En caso de que la postergación se oficialice, el esquema comenzaría a funcionar desde diciembre, pero los aportes propiamente dichos comenzarían a ser girados a los administradores de FAL desde enero. Son unos 550.000 empleadores los que estarían contemplados en el nuevo esquema, entre pymes y grandes empresas, y todos estarán obligados a adherir sin importar la cantidad de trabajadores que tengan en su nómina. Solo quedan exceptuados los empleados públicos, los de la construcción y las trabajadoras de casas particulares.

El FAL es un mecanismo obligatorio para todos los empleadores privados que se financia con una reducción equivalente de los aportes patronales que hoy ingresan a la ANSeS. Las grandes empresas aportarán el 1% y las pymes el 2,5% de las contribuciones patronales, calculado sobre las cargas sociales. Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la CNV mediante cuentas individuales por empleador, y solo podrán utilizarse para cubrir indemnizaciones por despido, preaviso, integración del mes de despido, incapacidad o mutuo acuerdo, siempre que el trabajador tenga al menos 12 meses de antigüedad y hayan transcurrido 6 meses de aportes.

Los gremios y diputados de extracción sindical rechazan de plano el mecanismo. La diputada Vanesa Siley presentó un proyecto para derogar el Título II de la Ley 27.802 antes de que el FAL entre en vigencia, al considerar que «son las nuevas AFJP, un caballo de Troya para desfinanciar las jubilaciones». El texto advierte que el FAL «constituye un esquema de capitalización privada que se financia con la resignación de ingresos equivalentes a los mismos por parte de la ANSeS». ATE también presentó una acción judicial contra la reforma laboral, al sostener que el mecanismo genera un desfinanciamiento del sistema previsional de al menos 3.000 millones de dólares anuales. «Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde», afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

La postergación del FAL no responde únicamente a cuestiones operativas. La caída de la recaudación y el sostener la imagen de superávit fiscal fueron los motivos que llevaron al Gobierno a demorar cinco meses su entrada en vigencia mediante el Decreto 408/2026. Según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la implementación del FAL desde noviembre hasta diciembre de 2026 implicaría una pérdida de recaudación de $680.000 millones en apenas dos meses, equivalente al 0,062% del PBI. El propio secretario de Hacienda, Carlos Guberman, admitió que la puesta en marcha del FAL provocará una caída en los recursos de la seguridad social equivalente a 0,23 puntos del PBI, a las puertas de un año electoral.

La postergación también responde a un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en el marco de las negociaciones con el Gobierno argentino solicitó demorar la implementación de aquellos capítulos de la reforma laboral que implicaran un costo fiscal inmediato. El FAL, que redirige recursos de la ANSeS hacia fondos de inversión privados, era uno de los puntos que el organismo multilateral observaba con mayor atención. Mientras tanto, el Gobierno espera que una mejora de la recaudación que no llega y los números no le cierran.