Una empleada de limpieza de un complejo turístico de Bariloche fue obligada a firmar su renuncia bajo amenazas. La justicia consideró que se trató de un despido encubierto y condenó a la empresa a pagar más de 17 millones de pesos en indemnizaciones y salarios adeudados.

Una trabajadora de limpieza de un complejo turístico de la ciudad fue víctima de un despido encubierto, según lo confirmó un fallo de la Cámara Laboral, que ordenó a la empresa Glaciar y Aventura SRL pagar más de 17 millones de pesos en indemnizaciones, salarios adeudados y recargos legales.

La mujer se desempeñaba como mucama desde comienzos de 2023 en un conjunto de cabañas, donde cumplía jornada completa y era la única empleada permanente en el área de limpieza. El conflicto comenzó cuando su esposo, encargado de mantenimiento en el mismo establecimiento, recibió una sanción a través de una carta documento enviada por WhatsApp. Al día siguiente, la trabajadora fue presionada por la encargada para que convenciera a su marido de renunciar, algo que se negó a hacer.

Según relató en su demanda, tras rechazar la exigencia comenzó a recibir acusaciones de supuestas fallas en sus tareas, fue interrumpida constantemente y finalmente se le ordenó retirar sus pertenencias del lugar. Poco después, la encargada le exigió que firmara su renuncia de puño y letra. Ante la negativa, la amenazó con impedirle retirar sus cosas y con realizar una denuncia penal contra ella y su esposo. Bajo esa presión, la trabajadora terminó firmando la desvinculación.

Al día siguiente recurrió a la sede local del gremio UTHGRA y, con asesoramiento legal, envió un telegrama denunciando lo sucedido. Reclamó la nulidad de la renuncia y exigió el pago de su sueldo de junio y el aguinaldo, que no habían sido abonados. La empresa respondió más de una semana después, acusándola de inventar un conflicto para obtener una indemnización, pero sin dar explicaciones ni efectuar los pagos.

El tribunal laboral determinó que la renuncia careció de validez legal, ya que no se realizó de forma libre y voluntaria, y valoró la reacción inmediata de la trabajadora como prueba de que actuó bajo presión. También tuvo por acreditado que la empresa no abonó salarios ni aguinaldo, y que los recibos presentados no tenían firma ni respaldo bancario.

En su fallo, los jueces señalaron que hubo una conducta deliberada para forzar la salida de la trabajadora y ordenaron el pago de más de 17 millones de pesos en concepto de indemnizaciones, sueldos atrasados e intereses. La sentencia, de primera instancia, aún puede ser apelada por la empresa.