FadeA abre retiros voluntarios mientras espera la reactivación de contratos con Defensa

En la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) aseguran que buscan la salida de unos 200 empleados mientras la Fuerza Aérea activa contratos con la empresa para el mantenimiento de los aviones Pampa y Hércules. Una empresa estratégica, en crisis terminal.

La Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) prepara un nuevo retiro voluntario que apunta a achicar de manera drástica la planta de técnicos, especialistas y profesionales mientras el Ministerio de Defensa, ahora bajo control del jefe del Ejército, Carlos Presti, define si sostiene o reemplaza a las actuales autoridades. La incertidumbre es mucha.

Días atrás, la empresa renovó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) hasta fines de febrero, lo que mantiene la actividad limitada a tres días por semana y los salarios en un 80%. Lleva en ese estado desde junio, sobreviviendo con fondos que llegan desde el ministerio de Economía y un contrato con la empresa Embraer.

200 puestos, el objetivo en FAdeA

En ese marco, la conducción abrirá un nuevo retiro voluntario con un objetivo: reducir en unos 200 puestos la planta, sobre un total actual de 670 empleados. Si se concreta, Fadea habrá quedado con menos de la mitad del personal que tenía cuando Javier Milei asumió en diciembre de 2023.

Vale recordar que en 2024 se llevó adelante otro retiro, en el que se fueron unas 230 personas. Además, se produjeron renuncias y jubilaciones anticipadas.

A diferencia de procesos previos, este retiro será “direccionado”. La intención es preservar a los técnicos operativos, el capital humano que sostiene la capacidad productiva, y apuntar en cambio a la estructura “orgánica”, compuesta mayormente por personal administrativo y fuera de convenio colectivo. Hoy, fuentes gremiales calculan en unos 170 empleados los que integran ese grupo.

Habrá que ver cómo sigue la historia porque la cifra es menor a la meta de 200 desvinculaciones que dejó trascender la empresa. En Fadea quieren que el proceso sea rápido; tanto que se lanzaría este mismo martes y duraría pocas semanas, especificó el medio La Voz.

El trasfondo tiene que ver con los salarios, que en el caso de los técnicos promedian el millón de pesos. Eso convierte, en varios casos, a los perfiles especializados en presa fácil de empresas privadas, incluidas low cost, que llegan a ofrecer el doble de sueldo.

En ese escenario, también avanza un recorte en la estructura jerárquica ya que hoy Fadea tiene 18 gerencias, varias ya vacantes tras salidas recientes (por ejemplo, hace unos 20 días dejó su cargo Oscar Gambone, responsable de Administración y Finanzas).

La idea es reducir ese número a la mitad. Tampoco es menor la cantidad de asesores (se habla de más de 15) que, en algunos casos, y según fuentes gremiales, no terminan de explicar sus funciones en la fábrica.

La salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa y la asunción de Presti desataron nuevas dudas sobre el futuro de Julio Manco, presidente y CEO de Fadea. Su gestión, iniciada a comienzos de este año, atravesó retrasos salariales, deudas a proveedores y la negociación fallida para transferir la fábrica a la Provincia de Córdoba.

A esto se suma un actor silencioso pero determinante, que tiene que ver con el manejo de la fábrica y la presencia de dos funcionarias de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que responden a Federico Sturzenegger, y que comanda Diego Chaher. Ambas llevan meses monitoreando la empresa y tutelando cada decisión.

La fábrica que nadie quiere cerrar

Funcionarios, gremios y proveedores coinciden en algo: Fadea no se puede cerrar. Pero todos evitan declaraciones tajantes. La prudencia responde a la certidumbre de que el de Milei es un gobierno que no teme aplicar bisturí y la sobrevivencia de la fábrica depende de que los contratos se firmen, el ajuste se estabilice y la nueva conducción logre ordenar las cuentas sin desmantelar la capacidad técnica.

Una de las grandes disputas dentro de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) se cocina entre los gremios que representan a la mayoría de los 670 empleados con los cuenta la empresa ubicada sobre la Ruta 20. Se trata de un conflicto que, según la definición de uno de los sindicalistas involucrados, en un laboratorio de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La disputa por el convenio

En Fadea conviven tres estructuras gremiales. Por un lado, está el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA), que reviste la categoría de ser el único “por la empresa”, que tiene la personería, pero que limita su representación a la fábrica.

Y por el otro, están la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (Apta), de origen nacional, cercanos ambos y enfrentados a STA.

En diciembre de 2024, cuando todavía manejaba la fábrica Fernando Sibilla, STA negoció y firmó un convenio colectivo de trabajo con cambios radicales en las condiciones del personal.

“Los empleados lo aceptaron porque es lo mejor para este momento de la empresa. Conjuga lo que pide Milei con la realidad laboral. Sus artículos están plenamente alineados con las políticas de modernización sindical impulsadas por Presidencia”, explicó Marcelo Bertorello, secretario general de STA, y quien llevó adelante la negociación del convenio y que hoy alerta sobre la caída de su aplicación.

Convenio no reconocido por los gremios

Es que entre enero y septiembre de este año, el convenio estuvo vigente, se liquidaron los sueldos bajo ese régimen y se avanzó con las nuevas condiciones (banco de horas, cambios de horarios, flexibilidad de días, además de un plus por presentismo, y adicionales varios, entre otras).

Pero el convenio nunca fue reconocido ni por APA ni por Apta, que lo impugnaron a nivel del ministerio de Capital Humano (Fadea es una empresa del Estado nacional) y lograron que quedara en el aire.

Según fuentes de ambos gremios, lo hicieron porque aquello fue “un acuerdo a la baja” que perjudicó a los trabajadores, y que buscó hacerle más fácil el objetivo a Sibilla que era pasar la empresa a manos de la gestión de Martín Llaryora.

“No está homologado por la secretaria de Trabajo de la Nación”, repiten desde los sindicatos combativos para explicar por qué el convenio no corre y que todo debe reguirse con el viejo acuerdo, que data de 2007.