viernes, enero 21

Ética y promesas electorales

Por Alejandro el “Gitano” Ulloa @GitanoUlloa

No hay obligación sin sanción

Una promesa electoral es un sinuoso juego de seducción del candidato a su potencial votante. Es el gancho esencial para lograr que la ciudadanía a vote por una lista o una persona. Desde el famoso eslogan “No los voy a defraudar, síganme”, seguido de la “Revolución productiva y salariazo”, la credibilidad de las promesas electorales equivale a cero.

Los candidatos están. El cierre de listas del sábado definió los nombres. Ahora faltan los programas. Se conoció la realidad de algunos pocos nombres de candidatos dipusindicales. Lo que sigue es la carrera electoral. Nada le garantiza al ciudadano que las medidas programáticas de los candidatos van a ser cumplidas. Nada le garantiza al ciudadano que sus políticos, en quien en general no confían, asumirán sus responsabilidades una vez que asumen el poder. Por ello cada vez son más frecuentes los reclamos de ciudadanos que se sienten defraudados por promesas incumplidas de candidatos de todos los partidos.

¿Cuánto sustento tiene un gobierno que no cumple con el mandato por el que se obligó como promesante en aquel “contrato o pacto” con sus electores? ¿Hay solución para aquellos candidatos que llegan con el voto popular y luego votan cualquier cosa desde su banca? Un principio jurídico universal sostiene que no hay obligación sin sanción.

Debe existir una rendición de cuentas a la sociedad que los votó. Ese es un principio “republicano”, y si no cumplió o la sociedad rechaza su balance, tiene que tener una sanción correlativa. ¿Qué tal no estar habilitada/o para presentarse como candidato a ningún cargo público por el plazo de diez años? Alguna vez se deberá avanzar en la revocabilidad de los mandatos traicionados en su esencia.

Pongamos nombre a esas promesas: se trata de un contrato electoral. Son las materias primas en las campañas electorales. Hay pocos casos como el Frente para la Victoria, cuyas decisiones tomadas desde el gobierno y las posiciones asumidas no habían sido prometidas en el transcurso de la campaña. El proyecto político del kircherismo y su identidad se construyeron de modo retrospectivo y se legitimaron en la elección de 2011. En general es al revés.

Los candidatos a cargos electivos suelen presentar programas y propuestas en sus campañas, pero ya en el gobierno no se sienten obligados y terminan generando un desánimo generalizado. Cada vez más los gobernantes aplican programas opuestos a los prometidos en campaña; son oportunistas que abusan de los ciudadanos una vez que asumen su representación. Este choque de expectativas entre gobernantes y gobernados genera que los ciudadanos estén decepcionados no solamente de la democracia, sino incluso de los políticos.

¿Cuánto aire tiene un gobierno que no cumple con el mandato por el que se obligó en aquel “contrato o pacto” con sus electores? ¿Cuánto vale la palabra? Uno de los mayores peligros es el debilitamiento que resulta en Democracias de Baja Calidad. Alentando la honestidad y decisión de los candidatos en pos de una política planificada, previsible, efectiva y transparente esto debe ser cambiado.

¿Qué clase de democracia es esta? Si las bases de este sistema están en la soberanía del pueblo para escoger a los mejores, pero sucede que eso solo se ejerce al momento de votar. Tiene sentido si el que recibe el voto va a hacer lo dicho en los discursos y en el programa. Con ese voto firmó un contrato para apoyar lo que prometió. Si no va a ser así, el voto no sirve para nada, ni sirven los millones gastados en publicidad, viajes y logística, dejando a la buena de dios el trabajo en el cargo que muchos todavía siguen ocupando mientras hacen campaña.

FATPREN impulsa un Pacto Ético

Carla Gaudensi, trabajadora de Telam y secretaria general de la Fatpren

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que nuclea a los sindicatos de prensa de todo el país, promueve una iniciativa para que candidatos/as y partidos políticos suscriban un acuerdo para evitar la propagación de informaciones falsas durante la campaña electoral.

Inspirada en la experiencia desarrollada por la Asociación de Prensa de Uruguay en los comicios presidenciales de 2019, la propuesta aspira a contribuir a garantizar el derecho a la información sin distorsiones o tergiversaciones. La iniciativa fue presentada con una actividad virtual con más de una decena de expositores/as de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y representantes parlamentarios de todo el arco político. FATPREN redobla la campaña para que los y las candidatas suscriban la propuesta, a la cual pueden adherir también organizaciones sindicales, sociales, y se solicitó una reunión a la Cámara Nacional Electoral para tratar esta iniciativa.

Mariana Mandakovic es secretaria General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) de Córdoba y secretaria de Organización de la FATPREN. Es trabajadora de la revistera Propuesta Editorial, y se explaya sobre el Pacto Ético: “Es una humilde herramienta que estamos proponiendo desde los gremios de base y la federación para garantizar una campaña electoral, que es lo que se viene ahora, evitando discusiones sobre temas y cuesiones que profundicen grietas y sumen a la desinformación.

“Un pacto supone negociar y ponerse de acuerdo con otro que piensa distinto a nosotros. Pero todos debemos priorizar el respeto a la sociedad –la democracia es eso‑ brindando la mejor información para que la sociedad pueda tomar las mejores decisiones. La sociedad debe tomar posición frente a las operaciones con campañas maliciosas, fake news, que utilizan noticias falsas para desacreditar al oponente o competidor en el quehacer político. Se evita la discusión profunda de ideas desde cada lugar sobre el proyecto de país con información de calidad. De eso se trata.

“La manipulación y las fake news están al orden del día – explica la periodista del centro del país‑ y mucho tiene que ver con otro tema que es la forma en que se distribuye la pauta publicitaria oficial. En la provincia de Córdoba, conservadora como es, el gobierno de Schiaretti –según serias y variadas estimaciones ‑ pone más de $500 millones de pesos anuales de pauta en La Voz del Interior, propiedad del Grupo Clarín, y eso después es lo que la sociedad cordobesa lee. Mandakovic remata categóricamente: “Este pacto tiene como finalidad poder plantear el tema en los distintos bloques, con otros compañeros que asumen posiciones más político-partidarias, y asumimos nuestra responsabilidad social como comunicadores. Nos parece que es un buen momento para salir a trabajarlo.”

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