El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri firmó un decreto que habilita compensaciones para empleados de planta permanente que decidan dejar la administración pública. La medida apunta a optimizar la estructura estatal, incorporar perfiles tecnológicos y se da en un contexto de presión política por mayores recortes en CABA.
El jefe de Gobierno porteño firmó un decreto que habilita compensaciones para empleados de planta permanente que decidan dejar la administración pública. La medida apunta a optimizar la estructura estatal, incorporar perfiles tecnológicos y se da en un contexto de presión política por mayores recortes en CABA.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmó un decreto que habilita un plan de retiros voluntarios para trabajadores de planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, enmarcada en la reforma del Estado que impulsa Jorge Macri en espejo a la impulsada desde Casa Rosada, apunta a ajustar la estructura administrativa con la promesa de modernizar la gestión pública.
La medida quedó formalizada a través del decreto 83, suscrito también por el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. El régimen estará vigente desde marzo hasta el 31 de mayo de este año y está dirigido a empleados de la Carrera de Administración Pública del Poder Ejecutivo local. La compensación será no remunerativa y se calculará en base al salario neto mensual, normal y habitual al momento de la baja.
Desde el entorno gubernamental explicaron que el objetivo es “ordenar el funcionamiento del Estado” y “optimizar la dotación” de personal, en línea con una transformación iniciada en 2024 y profundizada durante 2025. Hasta el momento, el Ejecutivo porteño avanzó con la supresión de más de 10.000 contratos de asesores y cargos políticos, además de la eliminación y fusión de áreas, direcciones y secretarías. Paralelamente, el Gobierno busca incorporar perfiles profesionales vinculados a la tecnología, con la intención de adaptar la administración a los nuevos desafíos digitales.
Para acceder al retiro voluntario se establecieron requisitos específicos: tener 45 años o más, contar con un mínimo de cinco años de antigüedad en la administración pública y al menos un año como trabajador de planta permanente. El incentivo económico se abonará en cuotas mensuales y consecutivas por un plazo máximo de hasta 48 meses. En el cálculo no se incluirán el Sueldo Anual Complementario ni otros conceptos de pago no mensual.
El régimen también contempla exclusiones. No podrán adherirse quienes se desempeñen en áreas consideradas críticas, aquellos con sumarios administrativos abiertos que puedan derivar en sanciones expulsivas, ni quienes hayan iniciado demandas judiciales contra el Gobierno porteño. Asimismo, quedarán fuera los trabajadores que al 31 de diciembre de 2026 tengan 65 años o más y reúnan los requisitos para jubilarse. En caso de obtener el beneficio jubilatorio mientras perciben el incentivo, este podrá reducirse o cesar, según el monto del haber previsional.
La decisión se inscribe en un contexto político marcado por el crecimiento de La Libertad Avanza en la Ciudad. Desde el Ejecutivo niegan que se trate de una “motosierra” al estilo del presidente Javier Milei y hablan, en cambio, de aplicar un “bisturí” para evitar un Estado sobredimensionado. En la Legislatura porteña, los libertarios se consolidaron como segunda minoría y promueven iniciativas para profundizar recortes y avanzar en privatizaciones, lo que añade presión al oficialismo en el proceso de reforma estatal.
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