Los Procedimientos Preventivos de Crisis afectan ya a más de 6.000 trabajadores en Córdoba, un 80% más que en enero. El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, señaló la caída del consumo y la desindustrialización como factores clave.
La provincia de Córdoba atraviesa una de las situaciones más complejas de los últimos años en materia de empleo formal. Así lo advirtió el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, quien presentó datos contundentes sobre el crecimiento de los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) y el cierre de miles de unidades productivas.
“El proceso de crisis se agudiza. Hay una caída del consumo y un proceso de desindustrialización que afecta a sectores enteros”, sostuvo López en diálogo con La Voz.
Como adelantamos ayer en InfoGremiales, según cifras oficiales del ministerio, entre enero y mayo de 2026, la cantidad de empleados incluidos en PPC pasó de 3.330 a 6.006, lo que representa un incremento del 80%. Estos procedimientos permiten a las empresas negociar suspensiones o reducciones salariales para evitar el cierre definitivo.
En ese marco, los trabajadores afectados perciben entre el 50% y el 70% de sus haberes, aunque en casos extremos el salario puede caer al 35%. Los acuerdos se negocian entre empresas, sindicatos y la cartera laboral.
López detalló que los sectores más críticos son el comercio, la industria metalúrgica, alimentos y la construcción. También se registra una fuerte caída en el empleo de casas particulares, servicios de limpieza y seguridad privada.
“Son áreas donde ha impactado duramente la caída del consumo y donde se están dando suspensiones y cierres de empresas”, explicó el funcionario.
Uno de los datos más alarmantes es la pérdida de unidades productivas. Según el ministro, en los últimos dos años desaparecieron cerca de 4.000 empresas en la provincia. A nivel nacional, la cifra asciende a unas 25 mil, con mayor impacto en los distritos industrializados como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.
“El Procedimiento Preventivo de Crisis suele ser la antesala del cierre”, afirmó López, y destacó el rol de los sindicatos: “Vemos un trabajo muy a conciencia por parte del sector gremial para acompañar estos momentos duros y buscar alternativas que sostengan las fuentes laborales”.
Además de los PPC, el ministerio detectó un aumento en los “acuerdos espontáneos” entre empleadores y trabajadores para finalizar relaciones laborales, muchas veces en forma de despidos acordados que se homologan ante la Secretaría de Trabajo.
Sobre la reciente reforma laboral, López fue cauto: “Es muy pronto para hacer un análisis pormenorizado. Quizás en los próximos seis meses podamos evaluar su impacto con mayor nivel de análisis”.
Pese al crítico panorama, el ministro mencionó áreas que podrían traccionar una recuperación futura: minería, energía y bioindustria. El sector agropecuario, en particular, podría beneficiarse de nuevas normativas. No obstante, aclaró que “para el resto de la industria, la recuperación será más lenta y dependerá de la reactivación del consumo interno”.
Desde el Ministerio de Justicia y Trabajo aseguraron que seguirán monitoreando mes a mes los datos del Sidrel y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, con el objetivo de contar con un panorama claro sobre la destrucción del empleo de calidad y el comportamiento de las empresas formales en la provincia.
Noticias relacionadas
Los trabajadores suspendidos por procedimientos de crisis saltaron a 80% en Córdoba y hoy ya superan los 6.000
La cervecería artesanal Antares cierra locales históricos y hay despidos en Quilmes por la caída del consumo
En Santa Cruz más de 150 comercios cerraron en Río Gallegos durante 2025: “Si no hay trabajo, no hay consumo”
Aumentaron un 212% los Procesos Preventivos de Crisis desde 2023 y se profundiza el impacto del ajuste en las empresas