El Sindicato de Obreros de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes denunció la usurpación de su sede en Concordia

El secretario general del Sindicato de Obreros de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes, Alcides Camejo, denunció la usurpación de la sede gremial en Concordia por parte de un grupo de personas ajenas al sindicato y pidió la intervención judicial para resguardar fondos, documentación y la institucionalidad de la organización.

El secretario general del Sindicato de Obreros de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes (SOF), Alcides Camejo, presentó una denuncia policial ante la Jefatura Departamental de Concordia por la usurpación de la sede gremial ubicada en calle Saavedra N° 121. Según el portal local Junio, consta en la denuncia que un grupo de personas ingresó al edificio tras forzar la cerradura y el candado, sin autorización de las autoridades sindicales.

De acuerdo a lo informado, la acción habría sido encabezada por Cristian Iván Amaro —condenado en 2016 por el intento de homicidio del ex diputado Alejandro Bahler— y el abogado Alejandro Jacobi, quienes manifestaron que el ingreso se dio en el marco de una supuesta “normalización institucional” del sindicato. Para justificar el accionar, evocaron una presunta decisión de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU) de intervenir el SOF.

La denuncia se originó a partir del aviso del tesorero del gremio, Walter Rodrigo Monzón, quien alertó a Camejo sobre publicaciones en redes sociales que mostraban a personas ingresando a la sede sindical sin autorización. Ante esta situación, el secretario general se dirigió al lugar acompañado por su asesor legal, Daniel Cedro, y por la totalidad de la junta directiva, con el fin de constatar lo ocurrido.

Al arribar al edificio, personal policial explicó que quienes ingresaron habían provocado daños en la cerradura y el candado, aunque se les permitió permanecer en el lugar con el argumento de evitar disturbios mayores.

Camejo aseguró que las personas que ocuparon la sede no son afiliadas ni trabajadoras del sindicato y señaló como responsables de la acción a Alejandro Jacobi, Iván Amaro, Silvia Vega y Óscar Álvarez, junto a un grupo estimado en unas 60 personas. También fueron mencionados como participantes Sebastián Sánchez, Julieta Godoy, Eduardo Sotelo y familiares de una persona de apellido Castro.

En su presentación, el dirigente sindical solicitó la intervención urgente de la Justicia para que se ordene el desalojo de quienes no tienen vínculo con la organización y se garantice la protección de los bienes del sindicato. En particular, manifestó preocupación por la seguridad de documentación, equipos informáticos y fondos destinados al pago de aguinaldos, que incluyen cinco cheques por un monto total de seis millones de pesos y dinero en efectivo cercano a los diez millones de pesos.

Desde la conducción del SOF indicaron que continuarán las acciones legales correspondientes para resguardar la institucionalidad del sindicato y los derechos de sus afiliados.