En un duro comunicado, el Partido Justicialista cuestionó la política laboral del Gobierno y propuso una agenda alternativa centrada en la recomposición de ingresos, la disminución de la jornada de trabajo y la ampliación de derechos para adecuar los regímenes laborales a las nuevas realidades productivas.
El Partido Justicialista (PJ) difundió un comunicado en el que denuncia un “proceso de precarización laboral” impulsado por el Gobierno nacional y vinculado, según el documento, a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). La fuerza política advierte sobre un escenario de fuerte caída del empleo y cierre de empresas, y reclama una agenda alternativa basada en la recuperación del salario, la reducción de la jornada laboral y la actualización de los regímenes laborales.
Según el comunicado, la Argentina atraviesa “el deterioro laboral más grave desde la crisis de 2001”. El PJ afirma que, en los últimos veinte meses, se cerraron más de 19.000 empresas (casi 30 por día) y se destruyeron más de 276.000 empleos formales, lo que equivale a 432 puestos de trabajo perdidos cada día.
El documento señala que la caída abarca sectores como transporte, comercio, industria y construcción, este último con una pérdida superior al 16% del empleo registrado. Para el PJ, el cuadro refleja “un ataque al corazón productivo nacional”.
El peronismo cuestiona el discurso oficial que plantea una defensa de las pequeñas y medianas empresas. En contraste, sostiene que las PyMES cierran y que el 70% de los despidos provienen de grandes compañías.
El comunicado rechaza que las leyes laborales sean el origen de la crisis, y atribuye el deterioro al “desplome del consumo interno, los salarios pulverizados y la falta de crédito”.
La fuerza política afirma que las propuestas de reforma laboral impulsadas por el Ejecutivo “no nacen en Argentina”, sino que responden a un pliego del FMI. Según el PJ, la flexibilización incluida en la Ley Bases no generó empleo y, por el contrario, aceleró la destrucción de puestos de trabajo.
El documento sostiene que la nueva reforma busca “consolidar un modelo de precarización” caracterizado por menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos.
El PJ remarca que no rechaza una reforma en sí misma, sino una que implique pérdida de derechos, y plantea tres ejes prioritarios:
- Recuperación salarial, considerada indispensable para reactivar el consumo y evitar el cierre de empresas.
- Reducción de la jornada laboral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y favorecer la creación de nuevos empleos.
- Actualización y ampliación de regímenes laborales, incorporando derechos vinculados a tecnologías y plataformas, desconexión digital, ampliación de licencias, prevención de riesgos laborales y participación de los trabajadores en las ganancias.
El comunicado cita a Eva Perón y Juan Domingo Perón para fundamentar que los derechos deben acompañarse de obligaciones, y sostiene que la productividad se construye “con trabajadores formados y protegidos, no atemorizados”.
El documento concluye con una defensa del rol del Estado y una advertencia frente a las políticas actuales: “No seremos el laboratorio de precarización del FMI; seremos un ejemplo de trabajo digno y producción para el siglo XXI.”
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