martes, diciembre 7

El gobierno impulsa cambios en la ART para bajar el costo laboral

El Gobierno inició una discusión amplia sobre el mercado laboral argentino que desembocará en el corto plazo en una reforma por ley del sistema de riesgos del trabajo, destinada a reducir los costos para los empresarios. Se trata de cambios puntuales en el régimen jubilatorio y en medidas orientadas a reducir el empleo no registrado, que representa más de un tercio del total. Comenzó el miércoles 29, al retomar los debates con empresarios y sindicalistas en el ámbito del Consejo del Salario.

La agenda es organizada por el Ministerio de Trabajo, y abarca un amplio y ambicioso conjunto de temas. Empezando por los impositivos, como el impacto de Ganancias sobre los sueldos; previsionales (jubilaciones y pensiones); productividad laboral; ausentismo; tercerización; paritarias, y accidentes de trabajo, entre otros puntos.

El miércoles pasado, gremialistas de las distintas versiones de la CGT y de la CTA distribuidos en dos comisiones debatieron con representantes y asesores del sector empresario. Cada dos semanas se harán encuentros similares hasta finalizar la ronda hacia mediados de agosto.

En la comisión de Productividad surgió la novedad más inmediata: el Gobierno enviará en el corto plazo un proyecto de ley de modificación del sistema de riesgos del trabajo, que sin alterar el mecanismo de aseguradoras (ART) consagrado en los años ’90 y vigente hasta la actualidad, apuntará a reducir los costos para los empleadores. En la actualidad, y a pesar de una reforma de 2012 hecha por el anterior gobierno a la medida de los reclamos de la UIA, el sistema mantiene una litigiosidad en alza con más de 100 mil juicios esperados para este año por la Unión de Aseguradoras (UART).

Según informó Ámbito Financiero, un funcionario explicó al diario que la nueva ley buscará reducir el peso de las primas que pagan los empresarios por asegurar a su personal a cambio de impulsar el blanqueo de trabajadores.

En la comisión de Seguridad Social, el eje fue un cambio propuesto sobre la ley de jubilaciones vigente, la 24.241, que en su artículo 95 establece el mecanismo de pago de pensiones por viudez y jubilaciones por invalidez. Los representantes explicaron que la normativa quedó desactualizada tras la desaparición de las AFJP y la creación del nuevo sistema público (SIPA), dado que se multiplicaron los casos de trabajadores con algún bache en su historial de trabajo que no logran cobrar jubilaciones o familiares sobrevivientes que no perciben sus pensiones.

También hubo espacio para tratar el financiamiento de los sistemas sanitarios, tanto el PAMI como las obras sociales. Sobre este punto, los gremialistas dieron por hecho que el Gobierno aumentará las cápitas que pagan monotributistas, autónomos y empleadas domésticas por su atención sanitaria a los gremios y al sector público.

El ministro Jorge Triaca presidió una de las comisiones, la de Seguridad Social, que contó también con la participación del secretario del área, Juan Carlos Paulucci. Además concurrieron funcionarios de la Anses, la AFIP y las superintendencias de Servicios de Salud (SSS) y de Riesgos del Trabajo (SRT). Por las cámaras patronales hubo directivos de la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos (Adeba), la Unión Industrial (UIA) y de las cámaras mercantiles. Como «invitado especial» asistió el presidente de la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, Héctor Daer, a su vez dirigente de la CGT junto con otros miembros de esa central y de la CTA.

La otra comisión tuvo como eje la productividad laboral y contó con la presidencia del vice de Trabajo, Ezequiel Sabor. Por la CGT estuvieron José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Omar Plaini (canillitas) y por la CTA, Claudio Marín (telefónicos), entre otros dirigentes que discutieron con representantes del empresariado como Ricardo Güell (metalúrgicos), Javier Balestra (UIA) e Ignacio De Jáuregui (CAME).