El Gobierno disolvió por decreto el histórico servicio de calibración del INTI, una estructura técnica clave para la industria y la ciencia. Especialistas advierten que la medida reduce la capacidad estatal de control, encarece los procesos y deja el sistema en manos de laboratorios privados con menor coordinación.

El Gobierno oficializó la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) del INTI, una estructura estatal con más de cuarenta años de trayectoria que posicionó al país entre los más avanzados de Latinoamérica en estándares de medición. La medida, presentada en el Boletín Oficial como parte de un proceso de “modernización administrativa”, implica un recorte directo sobre una de las áreas técnicas más sensibles del sector público.

Aunque el decreto busca justificarse bajo el concepto de simplificación, especialistas coinciden en que el efecto será el contrario: menos capacidad estatal, controles más costosos y una red más débil de laboratorios.
El SAC era el organismo que coordinaba la red nacional de calibración, fijaba protocolos comunes y garantizaba que cada certificado de medición respondiera a parámetros homogéneos y confiables.

Con su eliminación, esas funciones pasarán al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a laboratorios privados, lo que supone un sistema más fragmentado y costoso, sin la coordinación técnica pública que aseguraba estándares homogéneos en áreas sensibles como energía, salud, transporte, industria alimentaria y procesos productivos de alto riesgo.

La decisión generó preocupación inmediata en el ámbito científico y productivo. Enrique Martínez, expresidente del INTI, advirtió que el cierre “borra al Estado de una prestación única en Latinoamérica” y constituye un retroceso para la industria y la ciencia aplicada.

Investigadores, técnicos y empresas que dependen de mediciones confiables señalaron que la medida rompe una red construida durante décadas y deja al país con menos capacidad para garantizar la calidad de sus procesos industriales.

Hasta ahora, el INTI no solo coordinaba la red de laboratorios, sino que aseguraba la trazabilidad técnica y la homogeneidad en los procedimientos. Con el cierre:

• Cada laboratorio deberá reorganizarse y acreditarse individualmente ante el OAA.
• Se incrementarán los costos operativos al perderse la coordinación central.
• Habrá menor control directo del Estado sobre parámetros que afectan actividades críticas.
• Sectores productivos perderán un marco de referencia confiable que llevaba décadas consolidarse.

En la práctica, lo que el decreto denomina “simplificación” se traduce en más dependencia de actores privados, mayor dispersión normativa y una pérdida de capacidades que tardarán años en reconstruirse.

La medida se suma a una serie de decisiones del Gobierno que reducen el rol del Estado incluso en ámbitos donde su presencia fue clave para garantizar transparencia y seguridad.
El SAC era una pieza fundamental en la arquitectura de control técnico nacional. Su disolución no solo debilita la infraestructura científica, sino que también deja a la industria frente a un escenario más incierto, con mayores costos y menos respaldo profesional.

En un país que necesita previsibilidad, normas claras y mediciones confiables para producir, exportar y competir, la eliminación del servicio representa un paso atrás en capacidad pública y calidad industrial.