El Gobierno avanzó con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina mediante un decreto, pero senadores opositores presentaron proyectos de ley que buscan frenar la medida al declarar al sistema nuclear como un bien estratégico, inalienable e inembargable.
El Gobierno nacional oficializó este martes la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), la empresa responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, mediante el Decreto 695/2025. Sin embargo, la medida ya enfrenta resistencia en el Congreso, donde senadores de la oposición presentaron proyectos de ley para impedir la transferencia de capital accionario a privados.
El decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, habilita la transferencia del 44% de las acciones de NA-SA a través de una licitación pública nacional e internacional. El Estado conservará el 51% bajo la órbita de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y el 5% restante se destinará a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
El Poder Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de garantizar “eficiencia y competitividad” en la operación de la compañía, y de sumar financiamiento privado para proyectos estratégicos, como la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles gastados en Atucha II.
El contraataque legislativo
La reacción en el Congreso no se hizo esperar. La senadora rionegrina de Unidad Ciudadana, Silvina García Larraburu, presentó un proyecto de ley que busca declarar al sistema nuclear argentino como “bien estratégico, inalienable e inembargable”. La iniciativa establece la prohibición de privatizar, concesionar o extranjerizar las empresas y organismos nucleares, incluyendo a la CNEA, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Nucleoeléctrica Argentina, Dioxitek, la Planta de Agua Pesada y la Planta de Enriquecimiento de Uranio.
“Se trata de una decisión política que no encuentra justificación técnica ni financiera. NA-SA es una compañía superavitaria, eficiente y con capacidad probada de llevar adelante proyectos de altísima complejidad tecnológica”, afirmó García Larraburu.
A su iniciativa se suma la del senador José Mayans, quien presentó un proyecto en la misma dirección, reforzando el bloque opositor frente al intento privatizador.
Mientras el Gobierno argumenta que la incorporación de capital privado permitirá diversificar riesgos y sostener las inversiones, desde la oposición plantean que la privatización de NA-SA podría comprometer la soberanía tecnológica, energética y ambiental del país.
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