El FreSU repudió la orden de desalojo contra los trabajadores de FATE y denunció un lockout patronal ilegal en la empresa de neumáticos

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) expresó su solidaridad con los obreros del neumático de FATE que desde hace siete meses resisten en la planta de San Fernando. Responsabilizó a Javier Madanes Quintanilla por el cierre patronal del 18 de febrero y advirtió sobre una ofensiva general contra la clase trabajadora.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU Federal) expresó su «profundo repudio» ante la orden de desalojo dictada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro contra los trabajadores del neumático que defienden sus puestos de trabajo en la planta de FATE. A través de un comunicado, la organización sindical sostuvo que la medida «desconoce que quien incumple la ley es el empresario Javier Madanes Quintanilla, que ejecuta en la fábrica un ilegal lockout patronal desde el 18 de febrero».

Según denunció el FreSU Federal, ese día el empresario cerró intempestivamente la fábrica y militarizó las instalaciones, dejando sin su fuente de sustento a más de 900 obreros y empleados «que crearon con su trabajo la riqueza de la empresa durante sus ocho décadas de existencia». Desde el SUTNA, el sindicato que representa a los trabajadores de FATE, se denunció desde el primer momento que el objetivo del lockout era «vaciar la empresa para romper la organización gremial, y volver a reabrirla con precarización y sin derechos laborales».

El comunicado enmarca el conflicto en lo que describe como «una ofensiva total contra la clase trabajadora» ejecutada por el gobierno nacional a través de sus políticas económicas, que según la organización están «destruyendo a la producción nacional a un ritmo desenfrenado, con más 30 empresas cerrando por día», junto con la reforma laboral regresiva.

Finalmente, el FreSU Federal reafirmó su solidaridad con «la justa lucha de los trabajadores del neumático por sus puestos de trabajo, que vienen sosteniendo con coraje y convicción desde hace siete meses contra una patronal que actúa por fuera de la ley». Y exigió «respeto por los derechos laborales, sindicales y democráticos de las y los trabajadores argentinos, sin los cuales no hay desarrollo nacional ni soberanía posible».