El Presidente Mauricio Macri cometió un llamativo error, que de todas formas marca el norte de su política laboral. Beneficiar a las empresas y esperar que eso redunde en un beneficio para los trabajadores. Un verdadero derrame neoliberal.
El gaffe fue durante su intervención en la inauguración de la Casa Nacional del Futuro en el barrio porteño de Villa Devoto, el pasado viernes, cuando Macri celebró la sanción de la ley de Primer Empleo, que no solo no se sancionó aún, sino que ni siquiera obtuvo dictamen en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.
“Festejo y agradezco que el Congreso haya aprobado la ley porque es una oportunidad de entrada al mundo laboral para todos ustedes”, lanzó ante un grupo de militantes jóvenes y funcionarios.
La iniciativa que propone la tradicional receta de reducir los costos laborales para combatir la informalidad y facilitar la contratación de trabajadores jóvenes ha sido remitida al Parlamento dos meses atrás, pero todavía está siendo discutida por los asesores de los legisladores. Los mismos adviertieron sobre el escaso compromiso de la cartera laboral que encabeza Jorge Triaca en lograr la sanción de la iniciativa, que se presentó como sustituto para la vetada ley antidespidos.
Hace dos semanas que los asesores de la comisión de Legislación del Trabajo, encabezada por el diputado del bloque Justicialista y dirigente sindical petrolero Alberto Roberti, no se reúnen para discutir el proyecto. El texto arribó al parlamento con errores técnicos y legales pero, fundamentalmente, es cuestionado desde distintos bloques por considerarlo una transferencia de ingresos hacia grandes empresas y la puerta hacia un proceso de flexibilización laboral.
El Régimen de Promoción del Primer Empleo Formal limita el abordaje de los principales problemas del mercado de trabajo argentino -la inserción de los jóvenes y la informalidad- a la reducción de los costos laborales, una estrategia fallida en Argentina y América latina.
Pero en esta oportunidad, se agrega además una reducción decreciente de las contribuciones patronales durante tres años y el pago de subsidios para las empresas que incorporen personal.
“La gran novedad del Plan de Primer Empleo es que no sólo reintroduce la política de reducción a las contribuciones patronales aplicada en el pasado sino que, además de este beneficio, ahora el Estado ofrecerá a las empresas, entre ellas las grandes firmas nacionales y multinacionales, una transferencia monetaria directa en calidad de subsidio al salario del trabajador”, advirtieron desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cuando se presentó el proyecto.
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