Un proyecto de resolución firmado por más de quince diputados nacionales solicita al Ejecutivo detalles sobre la licitación del predio de Tecnópolis por 25 años, el rol de funcionarios cercanos a Karina Milei y Manuel Adorni, y el destino de los equipos de sonido inmersivo del Centro de Investigación en Audio y Música. Nuevas sospechas de manejos poco transparentes en la gestión de Javier Milei.

La Cámara de Diputados de la Nación podría debatir en las próximas semanas un extenso pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el proceso de concesión del predio de Tecnópolis (Villa Martelli, provincia de Buenos Aires) y el desmantelamiento del Centro de Investigación en Audio y Música (CIAM), espacio que funcionaba dentro del parque con equipamiento único en América Latina.

El proyecto, encabezado por el diputado Hugo Yasky y acompañado por legisladores como Lorena Pokoik, Cecilia Moreau, Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h), Jorge Taiana y Juan Marino, entre otros, fue presentado el 12 de mayo de 2026 y consta de 14 preguntas concretas dirigidas a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y a la Secretaría General de la Presidencia.

Según el texto de los fundamentos, el pasado martes 28 de abril el equipamiento del CIAM, que incluía consolas de mezcla, sistemas de monitoreo y tecnología de sonido inmersivo Dolby Atmos, Dolby Surround 5.1, 7.1 y Ambisonics, fue embalado «casi en su totalidad» y trasladado en al menos dos camiones hacia el primer subsuelo del Centro Cultural Kirchner, actualmente denominado Palacio Libertad.

Los diputados alertan que el proceso fue descrito por fuentes cercanas como «apresurado y caótico», y cuestionan que el registro de los bienes en el sistema de Patrimonio del Estado Nacional no sea de acceso público, lo que impide verificar la trazabilidad del material. La Secretaría de Cultura de la Nación habría informado que los equipos fueron depositados «para seguridad y resguardo», aunque sin un destino definitivo ni un plazo de reasignación.

El pedido de informes también apunta a la concesión del predio de Tecnópolis por 25 años, cuya fecha de entrega al eventual adjudicatario estaría fijada para el 1° de julio. Según los fundamentos, existen dos denuncias penales por presunto direccionamiento de la licitación.

Los legisladores solicitan conocer el estado del proceso, las empresas oferentes, y si existe una firma preseleccionada. En particular, mencionan a Foggia Group como una empresa vinculada a Mara Gorini, señalada como «mano derecha» de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según el texto, «se habría filtrado que sus directivos ya están preacordando fechas de conciertos privados para después del 1° de julio».

Además, el proyecto cuestiona posibles conflictos de interés en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La AABE, organismo que conduce la licitación, depende orgánicamente de la Jefatura de Gabinete. Los diputados preguntan si Adorni intervendrá en la evaluación o adjudicación, y si su cónyuge, Bettina Angeletti, mantuvo vínculos comerciales con empresas oferentes.

Otro punto saliente del proyecto se refiere al Mariano Cazorla, actual Director de Planificación y Programación del Parque Tecnópolis, quien se identifica públicamente con el apodo «Power». Los diputados solicitan aclarar si participó en las decisiones sobre el desmontaje y traslado de los equipos del CIAM, y si manifestó «interés personal» en la adquisición, uso o resguardo de dichos bienes.

El texto también advierte por los despidos de trabajadores altamente especializados que se estarían produciendo en el predio, y lamenta que no solo las personas pierden sus fuentes laborales, sino que «la sociedad pierde el beneficio común que su labor brindaba a la trama cultural».

Finalmente, los diputados advierten que los hechos denunciados podrían configurar violaciones a la Ley de Administración Financiera, a la Ley de Ética Pública, al régimen de contrataciones del Estado e incluso a los tipos penales de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos (artículos 173 inc. 7 y 260 del Código Penal).

El pedido de informes se enmarca en el artículo 100, inciso 11 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del jefe de Gabinete de responder este tipo de requerimientos en un plazo de 30 días hábiles.