Detectan artilugios de empresarios para defraudar al Estado y quedarse con fondos del programa ATP

Como ante cada programa de política laboral que implica una erogación de recursos, los empleadores se largan en una frenética carrera para encontrar artilugios que les permitan apropiarse de una porción mayor de la torta. Eso es lo que está ocurriendo por estas horas con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el Gobierno para contener la crisis del sector privado.

La ayuda estatal contempla el pago de hasta el 50% de los salarios del sector privado con un máximo de dos salarios mínimos. Primero se descubrió el caso de los CEOs, dueños, Presidentes y gerentes que se inscribieron en las nóminas de personal para autofinanciar una porción de sus haberes.

Ahora un grupo de abogados laboralistas detectó varios casos en los que las empresas declaran jornadas laborales mayores a las reales. Por el momento lo pudieron comprobar en firmas metalúrgicas que logran recibir en las transferencias de la ANSeS sumas que cubren, en algunos casos, el 100% de los salarios de las suspensiones y más. Sospechan que la metodología se repite en otros sectores.

Como muestra presentaron el caso de la metalúrgica de San Martin, Inetrlaken SRL. Según pudo saber InfoGremiales la compañía tiene 78 empleados en blanco y le cabe la general de la ley en la actividad. Un grupo minoritario de trabajadores prestan servicios (aunque denuncian que lo hacen sin protocolo de salud), mientras que la mayoría está suspendido y cobra el 70 por ciento del salario bruto. En la práctica es algo así como el 85% del salario neto. Al pie de la letra lo que firmó la UOM con las cámaras empresarias.

Sin embargo, al momento de depositar el Salario Complementario, hubo muchos casos en los que la ANSeS transfirió sumas que superan la totalidad de lo que debían percibir los operarios suspendidos.

Trascendió el ejemplo de una empleada que con el acuerdo de suspensiones debía cobrar 14.408 pesos. La empresa había adelantado aproximadamente un 50% de ese total, 7.300 pesos. Pero la ANSeS luego le pagó 15.967.

Lo más grave del asunto es que el empleador le comunicó que los 7.300 pesos que le había pagado como adelanto, más la diferencia entre los 14.408 que debía cobrar y los 15.867 que efectivamente depositó la ANSeS, quedan imputados para el salario de mayo. Es decir, la ANSeS le pagó más de la totalidad del salario de suspensión y la empresa se apropio de ese excedente como masa salarial.

De más está decir que si se tratara de un error involuntario la diferencia quedaría en favor de la trabajadora o sería devuelta al Estado. De ninguna manera sería para que el empresario lo utilice como propio.

Según explicó el abogado laboralista Mariano Suarez, ya hay al menos 15 casos corroborados en los que la empresa se apodera del dinero «sobrante» de la ANSeS.

Los empleados, por estas horas, preparan no sólo la denuncia laboral del caso sino una acción penal por el uso defraudatorio de los fondos públicos que está distorsionando la finalidad del aporte del Estado en la emergencia sanitaria y económica producto de la pandemia de Covid-19.