
La crisis de Celulosa Argentina ya dejó plantas paralizadas y más de 500 trabajadores afectados en Corrientes. El default financiero, la falta de capital de trabajo y la caída de ventas ponen en riesgo miles de empleos directos e indirectos en la industria papelera.
La histórica papelera Celulosa Argentina, uno de los mayores empleadores de la industria en el país, atraviesa la crisis más profunda de su historia y su derrumbe ya golpea de lleno en el mercado laboral. Con plantas paralizadas, deudas impagas y una reestructuración que fracasó, la continuidad de cientos de puestos de trabajo está hoy bajo amenaza.
La compañía reconoció que la falta de capital de trabajo obligó a parar la producción en las plantas de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires), lo que dejó a los trabajadores en un escenario de incertidumbre. La producción total cayó un 15% interanual y las ventas internas se redujeron un 32%.
El segundo semestre fue particularmente crítico: las ventas se desplomaron un 52% respecto del mismo período de 2023 y, sin ingresos, la empresa quedó sin recursos para sostener la actividad cotidiana.
El caso Tapebicuá: 500 familias afectadas
El impacto más inmediato se sintió en Corrientes, donde la subsidiaria Forestadora Tapebicuá suspendió operaciones por tiempo indeterminado. La medida afectó directamente a más de 500 trabajadores, dejando a sus familias sin ingresos y obligando al gobierno provincial a implementar un esquema de subsidios de emergencia.
Para la región, donde la industria papelera es uno de los motores económicos, el cierre golpea no solo a los empleados directos, sino también a proveedores, contratistas y comercios vinculados.

La crisis de Celulosa Argentina también repercute en Uruguay, donde su filial Fanapel atraviesa un serio déficit de capital de trabajo que amenaza su continuidad. Esto multiplica el impacto social y laboral más allá de las fronteras argentinas.
A nivel nacional, la paralización de plantas y la caída de la producción ponen en jaque a toda la cadena forestal e industrial, desde transportistas hasta pequeños productores de madera.
La compañía, en default desde mayo, no logró acordar con los acreedores un plan de reestructuración de u$s128 millones y enfrenta incluso un pedido de quiebra judicial. El directorio reconoció que la continuidad de las operaciones depende de encontrar nuevos socios o inversores que inyecten capital fresco.
Mientras tanto, los trabajadores viven en un estado de espera, sin certezas sobre el futuro de sus empleos ni de la empresa que durante décadas fue emblema de la industria papelera argentina.