domingo, septiembre 25

Condenan a cuatro dirigentes del Sindicato de la Fruta por administración fraudulenta

Los hechos investigados sucedieron entre los años 2006 y 2015. Los acusados utilizaron el Sindicato de la Fruta para gestar una trama de enriquecimiento personal, deudas millonarias del gremio y extorsiones a empresarios frutícolas para negocios particulares.

Cuatro de los integrantes de la comisión directiva del Sindicato de la Fruta y de la obra social de los empleados empacadores de fruta fueron condenados en el marco de un procedimiento abreviado.

Los imputados, Juan Lescano, Daniel Aliaga, Jaime Manquepi y Juan López fueron acusados por los delitos de administración fraudulenta, balance falso y autorización de actos indebidos.

En el caso de Lescano, exsecretario adjunto del sindicato, la pena a aplicar es de un año de prisión de cumplimiento condicional, que se unificará con una sentencia anterior por encubrimiento a la pena de un año y medio de prisión condicional.

Los restantes acusados fueron condenados a una pena de ocho meses de prisión de cumplimiento condicional ya que ninguno registraba antecedente penales. El proceso se llevó a cabo en los tribunales de Cipolletti.

Los delitos investigados en el proceso judicial emergieron por una serie de informes periodísticos del Diario Río Negro. El trabajo reveló la trama de enriquecimiento de los dirigentes de la Fruta, deudas millonarias del gremio y extorsiones a empresarios frutícolas para negocios particulares.

Dos acusados no aceptaron avanzar en un procedimiento abreviado por lo que se prevé que finalizado el control de acusación avanzarán a juicio oral y público. Se trata de Marcos Viedma y Raul Portiño.

Los acusados condenados aceptaron su responsabilidad en el caso y la calificación legal en la cual se encuadró el caso.

Los hechos investigados sucedieron entre los años 2006 y febrero de 2015, cuando los acusados valiéndose de la situación de poder que les deba administrar los fondos de la institución, «lo hicieron de forma fraudulenta, produciendo un beneficio económico propio y un perjuicio en los afiliados a los cuales representaban», señaló el ministerio Público Fiscal según consignó el Diario Río Negro. El monto total de la maniobra alcanzaría sería cercano al millón de pesos.

A lo anterior se sumó la falta de presentación de balances de las cuentas del sindicato y de la Obra Social en infracción a la Ley 23.551 y contrariando el Estatuto de la institución.