Un fallo del juez federal Martín Cormick declaró nulo el protocolo antipiquetes y respaldó el reclamo de los sindicatos SIPREBA y ARGRA, el CELS, Amnistía Internacional, entre otros, que habían denunciado el impacto de la medida sobre las condiciones laborales, la integridad física y el derecho a informar de periodistas y reporteros gráficos en el marco de la protesta social.
El Juzgado Federal a cargo de Martín Cormick declaró la nulidad del denominado “protocolo antipiquetes”, impulsado por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, en un fallo que significó un fuerte respaldo a las organizaciones sindicales y de derechos humanos que habían presentado una acción de amparo contra la medida. Entre ellas, se destacaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), que denunciaron desde el inicio el impacto del protocolo sobre el derecho a la protesta y el ejercicio del trabajo periodístico.
La resolución judicial fue difundida por el periodista Ariel Zak, quien destacó públicamente la decisión del magistrado y subrayó que el fallo recuerda que “la participación de fuerzas federales es admitida por la ley como excepción y no como regla”. En ese sentido, remarcó el rol clave que tuvieron SiPreBA y ARGRA junto a organismos como el CELS y Amnistía Internacional Argentina en el impulso de la presentación judicial.
El fallo del juez Cormick acogió la acción de amparo y declaró la nulidad de la Resolución 943/23, que había establecido el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones públicas. En el texto de la sentencia, el magistrado sostuvo que las fuerzas policiales y de seguridad no pueden ampararse de manera automática en las instrucciones del protocolo y que, en caso de actuar fuera de las competencias que les otorga la ley, deberán responder de forma individual ante la Justicia penal.
Desde SiPreBA y ARGRA, la impugnación al protocolo estuvo fuertemente vinculada a la defensa de las condiciones laborales de periodistas y reporteros gráficos, quienes en reiteradas movilizaciones fueron reprimidos, agredidos o impedidos de trabajar bajo el amparo de esa normativa. Ambos sindicatos alertaron que el protocolo no solo criminalizaba la protesta social, sino que también ponía en riesgo el derecho a la información y la integridad física de quienes cubren manifestaciones.
La sentencia impuso además las costas del proceso al Estado, al no encontrar motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota, y ordenó el archivo de la causa una vez cumplidas las notificaciones correspondientes.
Para las organizaciones gremiales de prensa, el fallo representa un antecedente clave en la defensa del trabajo periodístico y de la libertad de expresión. “Sin garantías para informar, no hay derecho a la información”, señalaron en reiteradas oportunidades desde SiPreBA y ARGRA, que consideraron la resolución como un freno judicial a políticas de seguridad que avanzaban sobre derechos fundamentales.
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