Barrionuevo y Acuña, dos nuevos apuntados por la justicia

En el marco de la escalada de tensiones entre el Gobierno y la CGT, se reactivaron dos causas que investigan a dos amplias organizaciones delictivas dedicadas a emitir documentación apócrifa, un sistema que posibilitó la evasión de miles de contribuyentes, entre los que se encuentran decenas de empresas y sindicatos de todo el país.

La investigación, que surgió de una denuncia de la AFIP, y ahora resurge, compromete a sindicatos de referentes de la CGT, como Hugo Moyano (camioneros), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Carlos Acuña (estaciones de servicios) y Antonio Cassia (petroleros).

En la causa que llevan adelante la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella ya fueron procesadas 17 personas y una se encuentra prófuga. Además, allanaron una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión.

El operativo para dar con la facturación apócrifa alcanzó también a la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, entre otros, según publicó hoy el diario La Nación.

Desde la Justicia ahora deberán determinar si la utilización de las facturas truchas fue «dolosa o culposa» y si la maniobra incluyó algún otro delito como lavado de dinero.

«Hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta documentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue un acto doloso y culposo y si la documentación se utilizó, o no, con fines de lavado», indicaron los investigadores a ese diario, en tanto que los gremios se despegaron de las acusaciones y aseguraron que desconocían que las facturas eran truchas, ya que estaban avaladas por la AFIP.

En las últimas semanas, el juzgado de Quilmes procesó a 16 miembros de la banda de las facturas truchas y detuvo a 12 personas con prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos: mientras que sigue prófugo un integrante de la organización delictiva. Se trata de Eber Russo, un monotributista que tiene más de 70 propiedades y una amplia flota de autos de lujo.

En tanto, la causa comenzó con una investigación sobre la actividad del contador Ángel Guidoccio, un hombre cercano a Daniel Angelici y por eso fue denominada «caso Guidoccio». Sin embargo, el contador se despegó de esa operatoria y dijo que se trataba de una «confusión». La Justicia lo separó del caso y puso el foco en quienes le alquilaban oficinas al contador.

«Nos allanaron dos veces y encontraron dos facturas de los CUIT apócrifos. Una por el mantenimiento del salón de actos y otra por la compra de un software. Cuando nosotros detectamos que eran facturas malas las declaramos en moratoria, como si fuera una salida en negro, y pagamos el punitorio», explicaron desde el Sindicato de Petroleros (Supeh).

Desde el gremio de Moyano también indicaron que desconocían la maniobra y señalaron: «No le dimos trascendencia más allá del aspecto político».