ATE Capital denunció que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri obliga a los empleados estatales usar celulares personales para geolocalización. Desde el gremio señalaron que es «una violación flagrante a derechos constitucionales» y obliga a trabajadores a utilizar recursos propios sin compensación.

El sindicato ATE Capital salió al cruce de Jorge Macri tras la implementación de un sistema de control de asistencia virtual impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que obliga a empleados estatales a registrar su presentismo mediante dispositivos personales con geolocalización obligatoria.

Desde sectores gremiales manifestaron su rechazo a la medida, a la que calificaron como “ilegal e inaplicable”, y confirmaron el envío de una carta documento a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda para exigir la suspensión del sistema.

De acuerdo con el planteo sindical, el sistema exige a los trabajadores fichar diariamente mediante teléfonos móviles, computadoras o tablets propias, lo que implica la activación del GPS y la carga previa de domicilios y horarios laborales.

Los representantes gremiales sostienen que esto podría vulnerar derechos vinculados a la privacidad, ya que, según argumentan, la geolocalización permitiría acceder a información sensible como la ubicación en tiempo real y los desplazamientos cotidianos de los empleados.

En ese sentido, señalaron antecedentes judiciales como la suspensión del sistema de reconocimiento facial biométrico en la Ciudad en 2023, donde la Justicia cuestionó el uso de tecnologías de control consideradas invasivas cuando no existen alternativas menos restrictivas.

Otro de los puntos señalados por los gremios es la obligación de utilizar herramientas personales sin compensación económica ni provisión de equipamiento por parte del Estado.

Romina Piccirillo, secretaria de Comunicación del gremio que impulsa el reclamo, advirtió que “nadie puede garantizar el funcionamiento permanente de un dispositivo personal”, y mencionó como posibles problemas la falta de batería, fallos de conectividad o incluso robos durante tareas en territorio, situaciones que luego podrían derivar en descuentos salariales injustificados.

Los sindicatos consideran que esta situación podría representar una carga desproporcionada para los trabajadores al tener que asumir costos de conectividad, mantenimiento y uso de sus propios dispositivos.

Asimismo, los cuestionamientos también apuntan a la dificultad de aplicar este sistema en tareas que, por su naturaleza, presentan dinámicas cambiantes, como visitas domiciliarias, intervenciones en hospitales o la atención de situaciones de urgencia social.

Según los representantes gremiales, la exigencia de cargar ubicaciones con antelación podría entorpecer el desarrollo normal de estas funciones y generar errores administrativos que afecten el presentismo.

Frente a este escenario, las organizaciones sindicales solicitaron formalmente que se suspenda la implementación de cualquier sistema de control que obligue al uso de dispositivos personales o mecanismos de geolocalización obligatoria. También reclamaron la apertura de una instancia de diálogo paritario para discutir eventuales modificaciones en los sistemas de control laboral dentro de la administración pública.