miércoles, agosto 10

Aquellos mártires reclaman Memoria y Justicia

Por Alejandro «el Gitano» Ulloa @GitanoUlloa para InfoGremiales

Hay/ Recuerdos que no voy a borrar/
Personas que no voy a olvidar (Fito Páez)

Las Secretarías de Derechos Humanos de Nación y de Santa Fe, y la Municipalidad de Villa Constitución, junto a los «históricos», sobrevivientes de la premeditada cacería patronal y militar desatada hace casi cincuenta años, fueron protagonistas de un hecho de gran importancia que se debe rescatar y propagandizar.

La realización misma del acto estuvo signada por la unidad en la condena: «Ahí nos avisan de la comisión directiva que en caso de lluvia a las 14 horas, el evento se traslada al auditorio de la UOM», pregonaban los Whatsapp cuando el agua caía inclemente. Una cierta épica tiñó el descubrimiento del cartel bajo la llovizna intensa. Lorena Battistiol, Directora Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, encabezó un núcleo de “desobedientes” que no esperaron el traslado bajo techo del acto y realizó la inauguración del cartel empuñando paraguas y calzando capas junto a un grupo de integrantes de la Comisión Interna de la fábrica y miembros de la Comisión por la Memoria Verdad y Justicia de Villa Constitución.

Al final resultaron dos actos de uno. El «Lungo» Horacio Pietragalla Corti (nieto apropiado y ex diputado) actual secretario de DDHH de la Nación destapó el cartel y ya en el anfiteatro, el encuentro fue con delegaciones de docentes de Amsafe y la UOM local, y centenares de familiares y trabajadores actuales y retirados. Las intervenciones de los oradores saludaron a “los históricos”, con un pico de aplausos al mencionarse a Victorio Paulon, referente del gremio del cual fuera secretario general y actual coordinador de la intersindical de DDHH. Un duro documento del grupo de Memoria, Verdad y Justicia de Villa repasó las responsabilidades políticas de quienes no asumen sus errores desligando sus responsabilidades en la previa de la dictadura y señaló la urgencia de sacar el juicio de la vía muerta.

A su turno, «Piparra» González, Secretario General de la UOM (VC) señaló la necesidad de traer la gesta del pasado a la actualidad y concretarla en pequeños triunfos. Tras dar las gracias a los históricos, propuso que «seamos multiplicadores de la lucha por beneficios que superen la lucha por la canasta alimentaria». Tras contar que llegaba del Congreso de los metalúrgicos realizado en Mar del Plata rescató ante el auditorio que la salida de Antonio Caló de la jefatura de la UOM Nacional se hubiera dado sin peleas internas para empujar al recambio de la conducción. El paralelo con la gesta del 75 lleva a interpretaciones polémicas por diferencias en el contexto político y sindical.

El episodio de la lucha de clases señalado en la memoria colectiva como «el Villazo» ‑y la represión subsiguiente desatada contra sus conquistas‑ fue señalizado con un explícito cartel en la actual salida de la planta de Acindar en Villa Constitución. Es un reclamo de Memoria, Verdad y Justicia sobrela confabulación empresarial-militar durante la dictadura en Argentina. Estuvieron presentes fuerzas sindicales y políticas, organismos de DD.HH y trabajadores de la empresa, miembros de la Comisión Interna de la planta junto a los dirigentes de la UOM local. El secretario General Abel Furlán, flamante conducción de la UOM nacional envió un saludo al acto.

Los hechos históricos probados judicialmente señalan la inusitada magnitud de aquel operativo represivo a cargo de fuerzas militares y de seguridad con agregados de bandas armadas parapoliciales del 20 de marzo de 1975. Durante la represión veintiún activistas fueron asesinados (más nueve desaparecidos), y 66 dirigentes y trabajadores de base fueron encarcelados en condiciones inhumanas en prisiones de la Patagonia y en la penitenciaría de Coronda. De varios militantes desconocidos no quedaron más que sospechas sobre los fatales resultados de la persecución.

Según la especialista Victoria Basualdo (coordinadora de la Unidad especial de investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica en la secretaría de DDHH), «la empresa puso a disposición del aparato represivo recursos logísticos y materiales, financiamiento, e información clave para la represión. El aporte más extremo fue que un espacio conocido como ‘Albergue de Solteros’, situado dentro del predio de Acindar, fue cedido a las fuerzas de seguridad y utilizado como centro clandestino de detención (CCD). La existencia de este CCD, denunciada por las víctimas en distintas instancias a lo largo de décadas, ameritó incluso la constitución de una delegación de la Conadep en la localidad».

La dictadura garantizó que la empresa multiplicara sus ganancias al infinito: levantó una moderna Planta Integrada, recibió las transferencias multimillonarias del Estado y la estatización de su deuda privada. De paso, liquidó la competencia con métodos extorsivos violentos propios de una guerra civil. Con semejante patente de corso como cucarda, Acindar y la Techint de Paolo Rocca quedaron dueños de la siderurgia argentina. El presidente de Acindar era entonces José Alfredo Martínez de Hoz, premiado por la burguesía argentina con el cargo de ministro de Economía, desde donde impuso las políticas neoliberales regresivas que transformaron la estructura económico-social del país y nos empujaron al vacío.

Pero además, el caso puso en evidencia que uno de los factores centrales del acuerdo de los empresarios con las FFAA fue el disciplinamiento laboral de los trabajadores y sus sindicatos y la liquidación de los derechos conseguidos en decenios del proceso de organización del movimiento obrero.

El cercano antecedente fue el histórico «Villazo» en marzo de 1974, cuando miles de personas celebraron en la plaza de Villa Constitución la victoria en la lucha de los trabajadores metalúrgicos con la promesa de elecciones democráticas en la seccional local de la UOM. El proceso encabezado por Alberto Piccinini concentró la despiadada respuesta de la «Operación Serpiente Roja del Paraná», ideada por el dirigente del Partido Justicialista Alberto Rocamora, a cargo del Ministerio del Interior del gobierno de Isabel.

Los trabajadores respondieron con un paro de dos meses, que no alcanzó. Rendido el pabellón de la larga huelga, en el comienzo de 1976 los diarios titulaban «Es inminente el final», «Todo está dicho». La dictadura vino a pasar el peine fino sobre la responsabilidad del gobierno peronista de Isabel y sus ministros. Respondían así a la demanda de «orden, respeto y seguridad física y jurídica». La ley de Contrato de Trabajo «atentaba contra la productividad y las empresas». Fue el prólogo para el anuncio en el Comunicado número 1 que declamaba: «el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar». El 24 de marzo de 1976 el proceso de militarización de fábricas y lugares de trabajo dio un paso más con la represión total.

Quisieron imponer estados mínimos que se ocuparan solo de la Seguridad dejando inerme al pueblo ante las grandes tareas de vivienda, alimentación, salud y derechos sociales. Según Raúl Alfonsín, «Desde el FMI intentaron imponerle a la Argentina criterios que de ninguna manera queríamos aceptar porque no queríamos pagar la deuda externa sobre el hambre de nuestro pueblo. Casi como hoy.

Al cierre, Horacio Pietragalla respondió a las críticas opositoras a su gestión y señaló la inevitabilidad de “ideologizar” los derechos humanos en tiempos de su desconocimiento. «Sesenta por ciento de los desaparecidos eran trabajadores organizados sindicalmente». La imposición dictatorial llevó al retroceso «del reclamo por viviendas dignas a la pelea por un plato de comida». Pietragalla insistió en el «Nunca Más» del neoliberalismo y los discursos de odio negacionistas. Llamó a evitar por todos los medios  «gobiernos como el menemismo, De la Rúa y el macrismo». El secretario de DDHH llamo a avanzar en la investigación de la responsabilidad política y económica empresaria que llevó a la impunidad biológica de muchos cómplices de la dictadura y a la impunidad judicial sobre el crecimiento exponencial de fortunas como las de Pérez Companc o Macri.

La Causa Ford demuestra que el poder real está ante un intento de combatirlo, insistió. «A donde vayan los iremos a buscar…» respondieron los presentes.

En el Juzgado Federal 4 de Rosario es procesado Roberto Pellegrini, jefe de Personal de Acindar, junto a militares y efectivos policiales y de otras fuerzas. La concreción de la señalización luego de CUARENTA Y SIETE años de los hechos es algo, un pequeño paso en la visibilización de un largo camino que señala un destino que la Justicia parece no querer recorrer. Es una reparación imprescindible cuando la demora hace que los responsables no alcanzan a ser juzgados. Es urgente que se tramite esta causa para hacer justicia.

Más de @GitanoUlloa en unblogdeclase.com