Alarma entre los trabajadores de Vivienda por el desfinanciamiento del organismo

Luego de que se dieran a conocer cambios sustanciales que se implementarían en la administración de los fondos destinados a la construcción de viviendas, hay alarma entre los empleados de Vivienda de todo el país. Sucede que el Gobierno Nacional le quitaría a los gobiernos provinciales el manejo de los fondos, y sería entonces el Estado Nacional quien efectuaría la cancelación de pagos directamente a las empresas contratistas.

Para el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Vivienda (Si.Tra.Vi.) y dirigente de la Federación Argentina de Trabajadores de Vivienda (FATRAV), José “Mellizo” Ramos, la situación «es muy grave».  «No sólo nosotros venimos sufriendo lo que representa la paralización de la obra pública, hay también otros sectores de la población que también lo vienen padeciendo, porque la obra pública motoriza toda la economía», explicó en declaraciones al portal Gremiales Tucumanas.

«Ahora, para peor, desde el Gobierno Nacional deciden implementar un paquete de medidas que configuran un ataque sistemático a los Institutos Provinciales de Vivienda de las diferentes provincias del país. Primero con las casas chinas y ahora con esto de los fondos vamos a terminar desapareciendo”, señaló Ramos.

“La Nación pretende desconocer la capacidad e idoneidad de cada IPV. Los mecanismos de control tanto nacionales como provinciales, están en vigencia actualmente. No sabemos con que fin pretenden implementar esta medida, pero entendemos que esta medida responde al pedido de empresarios inescrupulosos que seguramente serán los principales beneficiados con todo esto», agregó el gremialista que acusó al macrismo ceder «todo el tiempo a los lobbys empresariales».

«Nos gustaría poder discutir políticas habitacionales claras y concretas para los sectores humildes, porque hablar de 120.000 viviendas sociales en cuatro años es algo ínfimo», remarcó y advirtió que «evalúan la posibilidad de llevar a cabo medidas de fuerza, porque los trabajadores no podemos ser rehenes de cuestiones políticas”.