La gestión del Gobierno está a cargo del ministro de Salud, Mario Lugones, avanza con la CGT en un acuerdo para que se les reintegre a las prestadoras fondos por tratamientos y medicamentos que son subsidiados. Prometió que el pago sería en tres cuotas entre octubre y diciembre.
El Gobierno abrió una negociación con la CGT para saldar parte de los reintegros que exigieron las obras sociales sindicales por tratamientos y medicamentos que deben ser subsidiados. Se trataría de un monto de unos $60.000 millones que se atesora en una cuenta del Banco Nación y que serían de uso exclusivo de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) para afrontar este tipo de pagos.
El acuerdo entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y los gremios dado a conocer por La Nación sería distribuir ese dinero en tres etapas entre todas las prestadoras médicas que hayan presentado sus expedientes en regla. Un primer pago se debería concretar antes de fin de mes y los dos restantes entre noviembre y diciembre.
El mecanismo de reintegros está aún lejos de regularizarse, aunque tanto en el Gobierno como en la CGT, distinguen en este trato un primer paso. Por ejemplo, a la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac), una de las más numerosas del país, se le adeudarían unos $9000 millones en reintegros, pero ahora solo recibiría $5000 millones en tres tramos.
El dinero para regularizar la deuda con las obras sociales sindicales proviene del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), cuyo financiamiento surge del aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios.
La Superintendencia de Servicios de la Salud, el organismo encargado de controlar obras sociales y prepagas, está bajo la órbita de Lugones, que ubicó allí a Claudio Adrián Stivelman, un médico con experiencia en la gestión de entidades del sistema de salud, como en la Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles y en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas.
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