La Justicia porteña dio lugar a un recurso de amparo presentado por la organización gremial del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano de la Ciudad de Buenos Aires. En el fallo indica que el personal de salud que tenga comorbilidades no deberá asistir a trabajar aún estando vacunado dado que todavía no hay garantías de no sufrir graves complicaciones con el COVID si hay enfermedades previas.
Este jueves el titular del juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 23, Francisco Ferrer, comunicó que da lugar al amparo presentado por trabajadores de la salud que pertenecen a grupos de riesgo de COVID-19 (personas obesas, diabeticas, cardiacas, con EPOC, embarazadas, etc), y que eran obligados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a retornar a realizar tareas presenciales en el Hospital.
La medida cautelar fue presentada por la abogada Mariana Chiacchio y promovida por la Asociación Interdisciplinaria del Hospital Moyano (AGIHM).
El Secretario General Adjunto Mariano Veiga explicó: «Este fallo es un golpe al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós y a Horacio Rodríguez Larreta, que en estos meses obligaron a retornar a tareas presenciales a personas que son de sumo riesgo.»
«En lugar de contratar más personal y reconocer al equipo de salud con un aumento de salario por encima de la inflación, intimaron a que las personas que son grupo de riesgo retornen a tareas de suma exposición al virus.», protestó.
Y señaló también que «esta medida cautelar entiende que estar vacunado con las dos dosis no garantiza no sufrir graves complicaciones con el COVID si uno tiene enfermedades previas». Todavía no hay suficiente información científica para corroborarlo.
En la misma línea Carlos Paz, Secretario General de la AGIHM manifestó: «La medida cautelar servirá para que cientos en nuestra situación la repliquen.»
Y concluyó: «Es necesario e importante este reconocimiento porque el personal de salud ha estado en la primera línea del COVID. Al querer exponer al contagio, solo reconocen su política de desprecio por la salud pública y sus trabajadores, a la que accede la mayoría de la población».
El 22 de mayo pasado el mismo juzgado admitió parcialmente a una medida cautelar presentada por el Consejo Directivo Nacional de ATE y dispuso limitar la facultad del gobierno de la Ciudad para convocar al retorno a sus tareas a los trabajadores de la salud que fueron vacunados con una sola dosis de la vacuna contra el Covid-19.
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